Blindaje para la mayor finca pública de Andalucía, reserva de la Biosfera, contra la especulación y el desarrollismo salvaje. La Almoraima no se toca. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado que no recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestima el recurso interpuesto por el anterior Consejo de Administración de La Almoraima SA contra el Decreto de la Junta de Andalucía 150/2017. Dicho decreto aprobaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Los Alcornocales y ampliaba el Parque Natural de los Alcornocales y la Zona de Especial Protección para las Aves, aprobando también el Plan Rector de Uso y Gestión del parque, según ha informado el Ministerio en una nota.
La Almoraima es una finca pública, la mayor de Andalucía, situada en la provincia de Cádiz. Tiene una superficie de algo más de 14.000 hectáreas, la mayor parte de carácter forestal (bosques de alcornoque, matorral y pastizal). Incluye unas 10.000 hectáreas arboladas de gran valor ambiental. La finca se encuentra en el extremo sureste del parque natural de los Alcornocales, una de las superficies boscosas más extensas de España.
La Almoraima SA, a su vez, es una empresa pública estatal cuyo capital pertenece en su totalidad al Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). La mayor parte de la finca tiene un gran valor ambiental, estando incluida en el parque natural de los Alcornocales desde la creación de éste por la Junta de Andalucía. Otra parte de la finca está dedicada a usos agrícolas, almacenes y fábricas de tratamiento de corcho, la principal actividad productiva de la finca, y también a usos terciarios, con la existencia de un hotel y algunas otras edificaciones.
La voluntad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según ha dicho en una nota de prensa, es que "La Almoraima sea gestionada con los más rigurosos criterios de conservación, garantizando la continuidad de los procesos ecológicos y restaurando las condiciones naturales en las áreas forestales donde se haya producido alguna degradación". En este sentido, ha añadido, "velará porque las producciones de La Almoraima SA y sus usos terciarios se ajusten a los parámetros de la producción sostenible mediante la puesta en marcha de un plan de gestión integrada de la finca".
La Junta no ha declarado a La Almoraima como monte dominio público, ni está inscrita en el Catálogo de Montes de Andalucía
Ecologistas en Acción, por su parte, va a solicitar al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que declare la finca como monte de dominio público y la inscriba en el Catálogo de Montes de Andalucía. Esta declaración conllevaría el carácter "inalienable, imprescriptible e inembargable" de la totalidad de la finca y la consideración, a efectos urbanísticos, como suelo no urbanizable de especial protección.
Según ha recordado Ecologistas en una nota, esta solicitud ya se remitió a la anterior presidenta, Susana Díaz, que "ni se dignó a contestar". "Moreno debe demostrar ahora si su Revolución verde llega para defender y blindar la mayor finca forestal pública de Andalucía", ha afirmado el colectivo conservacionista.
En tiempos en que era ministra del Gobierno de Rajoy, Isabel García Tejerina (sucesora de Arias Cañete en Medio Ambiente) intentó privatizar La Almoraima, y para facilitar la venta, se propuso la construcción de un amplio complejo urbanístico, según han recordado desde Ecologistas. Inmediatamente, esta organización propuso una ampliación del Parque Natural Los Alcornocales con el fin de que toda la finca quedase protegida y libre de urbanizaciones.
En septiembre de 2017, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 150/2017 de ampliación del parque natural, incluyendo la totalidad de la Finca La Almoraima. El Decreto lo recurrió la anterior gerente de La Almoraima SA, Isabel Ugalde, que "demostró actuar más en representación de los promotores urbanísticos y las empresas interesadas en adquirir La Almoraima que del interés público que debe defender una persona que ostenta un cargo público".
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), rechazando el recurso, avala la ampliación que aprobó la Junta de Andalucía, incluyendo la totalidad de la Finca La Almoraima en el Parque Natural y extendiéndolo a otras fincas de alto valor ecológico, como La Alcaidesa y Guadalquitón. Según han señalado desde Ecologistas, "sobre todas estas pendían amenazas de urbanización". Ecologistas en Acción solicitó en varias ocasiones a la entonces Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la destitución de Isabel Ugalde y la retirada de este "incomprensible" recurso contra la ampliación de un parque natural.
"Lo primero tardó en llegar, lo segundo nunca llegó", han manifestado resaltando que "el Ministerio ha hecho el ridículo, perdiendo el recurso ante los tribunales y teniendo que hacerse cargo de los gastos que ha generado". Así, la sentencia del TSJA deja claro que esta ampliación está plenamente justificada por incluir hábitats naturales y semi naturales de interés comunitario, por ser un corredor ecológico de gran importancia para la conexión entre la costa y el interior, y por ser esta conectividad ecológica prioritaria para la conservación de la biodiversidad en el terreno ampliado. En todo caso, el Ministerio para la Transición Ecológica ha rectificado y ya ha anunciado que no recurrirá.
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