La Cámara de Cuentas en Andalucía ha destacado "especialmente" el bajo nivel de rendición de cuentas en la provincia de Cádiz, sobre todo de los ayuntamientos de mayor población —Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez y Sanlúcar de Barrameda—, teniendo en cuenta que "Andalucía es la comunidad con el nivel de rendición significativamente más bajo de toda España".
Así lo ha señalado en su informe anual sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz, del ejercicio 2016, en el que indica que ha remitido requerimientos conminatorios a los alcaldes-presidentes de 22 ayuntamientos andaluces para que procedieran a rendir las Cuentas Generales de 2013, 2014, 2015 y 2016.
El ente fiscalizador apunta que el 47,82 por ciento de las entidades locales ha rendido la Cuenta General de 2016 —427 entidades—. Destaca que de los 778 ayuntamientos andaluces, sólo han rendido en plazo 242, es decir, el 31,11 por ciento.
El informe detalla que todas las diputaciones provinciales, salvo la de Cádiz, han rendido sus cuentas antes del 1 de febrero de 2018 y también ha indicado que las provincias con municipios de menos población, Granada y Jaén, son las que presentan los niveles más altos de rendición.
En cuanto a la revisión de las 425 cuentas rendidas, se han producido 8.255 incidencias de las cuales 7.332 corresponden corresponde a entidades principales y 923 a entidades dependientes. El 45,52 por ciento de las incidencias corresponden al contenido de la Cuenta General.
Los principales tipos de incidencias detectadas en la documentación de tesorería vienen de la falta de adjuntar el archivo en PDF, no adjuntar el acta de arqueo o no aportar ninguna documentación acreditativa de los saldos bancarios.
Recomendaciones
Ante esta situación, la Cámara de Cuentas en Andalucía ha pedido que se le habilite para la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuenta o de falta de colaboración en el suministro de información requerido por esta en su tarea fiscalizadora.
Ha pedido reducir los plazos de tramitación y rendición de las entidades locales y marca como fecha el 30 de junio del ejercicio siguiente. Insta a promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales.
También ha recomendado fortalecer la asistencia y el asesoramiento a los municipios por parte de las diputaciones provinciales y ha pedido a las entidades locales que redoble sus esfuerzos para que la rendición de cuentas sea un "objetivo prioritario".
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