La Guardia Civil ve "arbitraria" la ayuda de 8 millones de los ERE de Andalucía concedida al Grupo Joly

La investigación señala a la empresa de comunicación como responsable de ocultar la financiación de la prejubilación de 36 trabajadores de su plantilla con dinero de la Consejería de Empleo

Francisco Javier Guerrero en una imagen de archivo.
Francisco Javier Guerrero en una imagen de archivo.

Un informe de la Guardia Civil sobre la investigación de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía acusa al Grupo Joly de ser beneficiario directo de una ayuda de ocho millones de euros otorgada en 2004 por la Consejería de Empleo para financiar la prejubilación de 36 trabajadores de su plantilla. Según publica este lunes ABC, la concesión de esta ayuda, calificada de "arbitraria", supuso para la empresa periodística dos beneficios. En primer lugar, el ahorro del pago de las prejubilaciones, y en segundo, una renovación de la plantilla con profesionales a menos sueldo que afrontaran los cambios en la expansión andaluza del grupo y en la vertiente digital de sus cabeceras.

La Guardia Civil, como recoge el referido medio de Vocento, resalta que los responsables de la Consejería de Empleo y del Grupo Joly actuaron en connivencia para esconder la naturaleza de la subvención y, de esta forma, aparentar que esta cantidad era ajena a la empresa periodística. El informe elaborado por la Comandancia de Cádiz en base a la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responde a la investigación por la ayuda excepcional concedida por la Consejería de Empleo a la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz. Así, se trata de uno de los ERE irregulares que esta Consejería otorgó con la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, a empresas a las que el PSOE quiso beneficiar cuando Manuel Chaves estaba al frente del Gobierno andaluz.

Esta investigación comenzó en enero de 2004 cuando el Grupo Joly ya comunicaba que en mayo iba a firmar un acuerdo para prejubilar a 36 empleados de más de 52 años de edad. Así, se pactó para que la Consejería se encargara de este trámite. La Guardia Civil reproduce un escrito del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, dirigido al presidente del Grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, en el que se recoge que  la Consejería "manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales", concretamente, "en el entorno de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros". La cantidad fijada fue finalmente de 7.597.247 euros más las primas, llegando a los ocho millones.

Según la Guardia Civil, cita ABC, "existen indicios suficientes para entender que por parte del Grupo Joly tuvieron participación al menos el presidente del grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, así como Javier Moyano Zamora y de Javier Isasi Fernández de Bobadilla". También señala a los directores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez "con el visto bueno del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá", y al jerezano José González Mata, dueño de las mediadoras Ingotor y Uniter.

El procedimiento para desvincular la subvención del grupo Joly de la Consejería fue la creación de la llamada Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz, para que el dinero fuera recibido por los trabajadores y no por la empresa. Según el informe, la constitución de esta asociación fue "una mera estratagema" para "eludir sus responsabilidades".

A su vez, la investigación determina la desaparición del expediente administrativo de la solicitud formal de la ayuda, y la ausencia de criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos, entre otras irregularidades. Las prejubilaciones, según los investigadores, permitieron tener al grupo una "importante disminución de la carga salarial" al incorporar a la plantilla nuevo personal "con sueldo inferior" y con conocimientos adecuados a la digitalización de los medios.

La Audiencia Provincial de Cádiz desestimó en mayo pasado íntegramente la demanda que interpuso Grupo Joly, editor de cabeceras como Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, contra ABC por las informaciones que este periódico publicó en julio de 2018 sobre su implicación en el caso ERE de la Junta de Andalucía, y que ahora son corroboradas por la investigación de la Guardia Civil.

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