Lo normal es que no haya grandes conclusiones de la visita sobre el narco que está realizando la delegación del Parlamento Europeo a distintos puntos de la provincia de Cádiz, visita que concluye este miércoles en Sevilla, pero es un hecho que, sin duda, debe resultar molesto para el Gobierno que, de entrada, se ha puesto relativamente de perfil ante dicha visita, con una presencia política de segundo nivel, como lo es una delegada provincial.
Sí... la visita está relacionada con la iniciativa de "proteger a los que nos protegen" y del reconocimiento como eurodelito de las agresiones a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero al final es un papelón que vengan de fuera a evaluar –aunque no sea ese el objetivo primigenio, ya decimos– cuál es el grado de incidencia del narcotráfico en la actividad económica y social –que es igual a decir "en la vida misma"– del Campo de Gibraltar y Barbate y en qué medida los medios y la seguridad con que cuentan los propios agentes son los más indicados para la lucha contra este problema...
Es evidente que, en términos políticos, el Gobierno es el interpelado último al respecto de estos asuntos de carácter relativamente genérico, pero también lo es sobre una tragedia concreta como la ocurrida en febrero del año pasado en el puerto barbateño con la muerte de dos agentes de la Guardia Civil, como lo demuestra el hecho de que los europarlamentarios se reunieran con familiares de los propios agentes.
Es difícil que el Gobierno asuma al 100% el recetario que salga de la visita, que de por sí será, con toda seguridad, suficientemente ambiguo para que se preste a distintas lecturas e interpretaciones, pero lo cierto es que la existencia de un problema en frontera sur de Europa en cuanto al narcotráfico ha obtenido una caja de resonancia en Europa con la que, a buen seguro, no se contaba y abre nuevos foros para su debate.