La Consejería de Educación podría haber utilizado a personal de la Inspección Educativa para implantar de forma encubierta el pinparental en institutos de la provincia de Cádiz. La fundada sospecha parte de dos sindicatos, CGT y CCOO. Todo parte a raíz de que el pasado 10 de febrero, el diputado de Vox por Cádiz y portavoz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, registrase una pregunta dirigida a la Consejería de Educación sobre unos talleres de diversidad sexual que se están impartiendo, “con carácter obligatorio y sin el consentimiento de los padres” –subrayaba—, a menores de edad en varios centros educativos del municipio de Los Barrios.
Según ha explicado la formación en una nota, la coordinadora local de Vox Los Barrios, Celia Fuentes, quien promueve la pregunta parlamentaria, indicó que estos talleres, puestos en marcha por el Centro de Orientación Familiar dependiente de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento barreño, “se están impartiendo desde finales del pasado mes de enero, con carácter obligatorio, a los alumnos de los IES Carlos Cano y Sierra Luna, aunque la programación, que forma parte de la oferta educativa municipal, se ha facilitado a todos los centros docentes de Primaria y Secundaria de la localidad”. “Sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género son algunos de los conceptos incluidos en estos talleres que están siendo impartidos por personal del propio Centro de Orientación Familiar”, denunciaba Vox.
Por último, y dado que “se está incumpliendo el acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Junta sobre la aplicación del pin parental”, Gavira ha preguntado a la Consejería “si va a tomar medidas para garantizar el derecho que asiste a los padres sobre la educación de sus hijos en relación a estas actividades”. Educación, en manos de Javier Imbroda (Cs), no se ha pronunciado sobre todo esto, si bien dos sindicatos han denunciado que se han producido "directrices orales de la Inspección de que la actividades de sexo, género, identidad y orientación sexual en el aula tengan el permiso de los padres y madres del alumnado”.
Desde CGT han preguntado “si estas llamadas por parte de la inspección a las directivas de los IES Carlos Cano y Sierra Luna tienen algo que ver con la reciente intervención en el Parlamento del partido ultraderechista Vox en relación a estas actividades”. Desde la central se lamenta la actuación de Vox, “pero lamentaría aún más que presuntamente la delegación territorial de Educación de Cádiz pueda estar supuestamente siguiendo el juego a este partido ultraderechista, más cuando en 2020 la Junta de Personal Docente no Universitaria de Cádiz aprobó un Resolución contra el pin parental que estaba difundiendo Hazte Oír”.
Talleres enfocados a transmitir valores de respeto y tolerancia, y prevenir el acoso por homofobia
Los contenidos de las actividades complementarias que se imparten en los IES van encaminados a transmitir valores de respeto y tolerancia, prevenir el acoso por homofobia, bifobia y transfobia y visibilizar la diversidad humana. La educación sexual que se imparte consiste en que los estudiantes conozcan las partes de sus cuerpos, cómo lavarlas, el riesgo y la manera de evitar las enfermedades infecciosas, y en fomentar el respeto a uno mismo y a la otra persona en las relaciones. O dar herramientas para denunciar los abusos sexuales. Estas actividades están aprobadas por el consejo escolar, vienen recogidas en el plan de centro y están integradas en el currículum escolar a través de otras áreas curriculares como son Filosofía, Ciudadanía, Biología, etcétera, e impartidas por el departamento de Orientación escolar. Más directo aún, esta misma semana se ha pronunciado CCOO en Cádiz.
El secretario provincial de Enseñanza de CCOO, Sebas Alcón, ha denunciado directamente el intento del partido político Vox de “interferir en la actividad docente de los centros educativos y más concretamente de los talleres de libertad afectivo-sexual que se imparten en estos centros de secundaria de la localidad de los Barrios, con la colaboración del Consistorio de la villa, en aplicación de la oferta educativa municipal”. De igual manera, este sindicato considera "inaceptable la actitud de la Inspección Educativa, que tras el registro de una iniciativa por parte del grupo parlamentario de la formación ultraderechista en la cámara autonómica, ha reclamado telefónicamente a las direcciones de los centros que reclamen el denominado pin parental, a la vez que descartaban trasladar por escrito a los centros esta orden”.
“Hablamos de una actividad ofertada por la institución municipal, aprobada por los consejos escolares de centro con la aquiescencia de las familias, que forman parte de los planes de igualdad y del currículum de los institutos; por lo que no alcanzamos a entender la actitud que despliega la inspección educativa antes esta situación”, sostiene Alcón. CCOO también recuerda que las actividades complementarias que se imparten en los centros, ya fueron debidamente aprobadas en consejo escolar y, por tanto, las familias tienen conocimiento de las mismas. “Tener que volver a aprobarlas es un requerimiento de inspección a raíz de una queja presentada por un partido político, cuestionando el contenido de las charlas y talleres, un contenido que está recogido como aspecto fundamental en la Lomloe”.
El sindicato reitera que estos talleres, de hecho, se corresponden con todo el marco legislativo en el que se mueven los centros. “Es más, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, de obligado cumplimento para todos los centros educativos —como presuponemos que sabrá el servicio de Inspección— establece medidas y actuaciones concretas para continuar profundizando desde una perspectiva de género, en los Planes de Centro, en los materiales y en el currículo; en el aprendizaje, la formación y la implicación de toda la comunidad educativa; en la promoción de acciones de prevención de la violencia de género y en la propia estructura del sistema educativa”. “Conminamos al delegado territorial de educación a tomar cartas en un asunto que consideramos de suma gravedad y que supone un interferencia inaceptable en el normal funcionamiento de los centros”, ha expresado el representante sindical.