Las docentes interinas andaluzas víctimas de violencia de género sufren una doble violencia y discriminación: la violencia de género por ser mujeres maltratadas y violencia institucional por parte de la Consejería de Educación por ser funcionarias interinas, critican desde el sindicato Ustea.
Hace dos años ya de la denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz sobre la discriminación sufrida por estas docentes interinas y pese al informe de apoyo por parte del Defensor no se ha avanzado nada al respecto. Ustea critica que la Consejería ha ido posponiendo en varias ocasiones incluir un punto en los órdenes del día de las mesas sectoriales sobre esta situación.
"Esto ha hecho que sigamos sin una normativa marco ni un protocolo de actuación rápido, eficaz que proteja a estas mujeres y sus hijos e hijas", puntualiza el sindicato educativo. Mientras que la normativa vigente en materia de protección de mujeres víctimas de violencia de género otorga derechos de movilidad geográfica en el ámbito laboral para hacer efectiva dicha protección, la Consejería de Educación no ha establecido ningún mecanismo para hacer efectivo este derecho para las funcionarias interinas.
Solo en Cádiz ha habido ocho casos en el último curso y a ninguno de ellos se les ha concedido la movilidad geográfica, critica Ustea. "Nos encontramos, cuando nos llaman o reunimos, a mujeres docentes que tienen miedo a denunciar. Mujeres que necesitan huir junto a sus familias o a otros puntos geográficos alejados del maltratador pero que temen perder su puesto de trabajo al sacarlas de la bolsa de interinos si se vuelven a sus hogares renunciando a sus destinos actuales, ya que es el único sustento económico de sus hijos e hijas", describe.
"Docentes que han tenido que recurrir a bajas médicas mientras la Consejería y las diferentes delegaciones provinciales no le daban respuesta y veían como esa era la única solución para mantenerse lejos de sus agresores donde también se encontraba su centro de trabajo. Mujeres que quieren trabajar, seguir con su vida laboral y personal, pero en un entorno seguro y a las que la Consejería de Educación no les da respuesta. Mujeres que nos relatan el miedo que sufren cuando tras vivir una situación tan compleja y delicada se encuentran cubriendo vacantes a cientos de kilómetros de su residencia habitual, conviviendo con sus maltratadores o lejos del apoyo familiar", apunta el sindicato.
Ustea exige el fin de esta grave e inaceptable situación, instando a la Consejería de Educación a que, con la mayor urgencia posible, establezca un mecanismo que otorgue una posición preferente en los procedimientos de selección para la cobertura de vacantes temporales a las funcionarias interinas víctimas de violencia de género como única forma de hacer efectivo su derecho a la movilidad geográfica en el marco de las actuaciones para su efectiva protección ante la situación que sufren.
E igualmente que se aborden protocolos de actuación inmediata ante casos de mujeres que sufran violencia de género para su reubicación durante el mismo curso escolar. Para este sindicato, no atender esta demanda supone una deplorable falta de sensibilidad de los poderes públicos ante una lacra social como es la violencia de género, manteniendo una situación de desprotección incluso en contra de la normativa actualmente en vigor.
Comentarios