Los sindicatos CSIF, ANPE, CCOO y UGT se han movilizado este miércoles en las ocho provincias para defender los recursos destinados a los centros con alumnado vulnerable y el derecho a la movilidad del profesorado, en un pulso con la Consejería de Desarrollo Educativo. Las protestas frente a las delegaciones territoriales responden al rechazo unánime al Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS) que la Administración mantiene en tramitación. Según denuncian las organizaciones, el texto "afecta gravemente a los derechos laborales del profesorado" y no garantiza que los centros mantengan la dotación de recursos con la que cuentan actualmente.
La red de educación compensatoria, según señalan, ha sido durante décadas una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado más vulnerable. Por eso advierten de que cualquier cambio normativo debe servir para reforzarla y ampliarla, “nunca sustituirla o debilitarla”. Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de que en los centros ZTS considerados de difícil desempeño, la cobertura en comisión de servicios de puestos del equipo directivo implique el bloqueo de miles de plazas docentes cada curso en los procedimientos de colocación. Los sindicatos sostienen que esta medida ha sido adoptada de forma unilateral por la Administración.
También critican la falta de transparencia. Aseguran que no se han hecho públicos los centros que podrían acogerse a este modelo ni se han facilitado datos objetivos que permitan verificar qué colegios e institutos cumplen los criterios establecidos. “Esta ausencia de transparencia elimina cualquier mecanismo de control y abre la puerta a decisiones discrecionales”.
Además, consideran que el decreto supone un retroceso respecto al modelo actual de compensatoria, ya que no garantiza financiación estable con fondos propios de la Junta de Andalucía. Parte de las medidas previstas, subrayan, dependen de fondos europeos con vigencia hasta 2027. Alertan de que los recortes de recursos y las limitaciones a la movilidad del profesorado no solo no ayudan a ese fin, sino que lesionan derechos básicos como la conciliación familiar y laboral.
Pese a asegurar que han mantenido una actitud de diálogo hasta el último momento, hablan de falta de actitud negociadora de la Consejería. Por ello, no descartan intensificar el calendario de protestas si el decreto definitivo no garantiza estos mínimos y reiteran que seguirán defendiendo la escuela pública y los derechos de los docentes andaluces.