El Consejo de Gobierno ha examinado el informe sobre la inspección urbanística y de ordenación del territorio, centrado en combatir la proliferación de construcciones ilegales en suelo rústico durante 2025. Se llevaron a cabo un total de 1.986 intervenciones, destacando especialmente el uso de precintos.
Esta medida, prácticamente inexistente antes de 2019, ha experimentado un notable auge tras las modificaciones normativas introducidas por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista). Dicha ley confiere a la Junta de Andalucía la autoridad directa para actuar ante infracciones con impacto territorial significativo. Desde su entrada en vigor a finales de 2021, se han ejecutado 1.590 precintos.
Priorizando la actuación temprana
Mediante los precintos, la Junta de Andalucía mantiene su estrategia de priorizar las intervenciones en construcciones ilegales en suelo rústico que se encuentren en una fase inicial. En 2025, se precintaron 351 edificaciones o parcelas ilegales, una cifra ligeramente inferior a la de 2024, pero similar a la de los años 2022 y 2023. Sin embargo, la labor de inspección durante el año pasado no se limitó únicamente al precinto inicial, sino que se complementó con acciones de verificación para asegurar que las parcelas ya intervenidas no fueran reactivadas. En este sentido, la inspección urbanística ha realizado más de 400 reprecintos, lo que eleva el número total de actuaciones a lo largo del año pasado a más de 700 edificaciones o parcelas ilegales.
Actas de inspección y expedientes de protección
El informe también detalla el levantamiento de 612 actas de inspección y la apertura de expedientes de protección de la legalidad en relación con 484 edificaciones, lo que representa un incremento de 12 veces con respecto a 2018. Además, se ha mantenido una colaboración constante con los agentes involucrados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, como el Ministerio Fiscal, la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los organismos sectoriales y otros agentes con competencias concurrentes. Como ejemplo, durante 2025 se emitieron 160 informes periciales relacionados con delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo a solicitud del Ministerio Fiscal o de la jurisdicción penal, alcanzando una cifra récord.
Medidas sancionadoras y autodemoliciones
Por otro lado, se han iniciado 155 procedimientos sancionadores y 178 multas coercitivas por un importe total superior a los cuatro millones de euros (4.245.636 euros). Estas nuevas políticas en materia de ordenación del territorio, basadas en multas coercitivas progresivas, han provocado un cambio de mentalidad en los infractores, quienes muestran una menor tendencia a reincidir y buscan reparar el daño causado. Un ejemplo de ello son las 54 autodemoliciones que se han producido en 2025, que abarcan desde la eliminación de vallados y otros elementos comunes en parcelaciones ilegales sobre suelo rústico hasta la demolición y retirada de edificaciones, piscinas, casetas prefabricadas y otras construcciones ilegales.
Apuesta por la inspección autonómica
La Consejería de Fomento ha apostado decididamente por la inspección autonómica para hacer frente a las consecuencias negativas que el urbanismo ilegal genera en el territorio, tanto a nivel social, ambiental como económico. Gracias a este cambio de políticas, se ha logrado prácticamente cuadruplicar el número de las principales actuaciones en materia de inspección.
Descentralización y planificación
Los resultados positivos obtenidos han sido posibles gracias a una mayor descentralización de la inspección, lo que ha permitido una mayor presencia en el territorio. Asimismo, se ha mejorado la planificación de las actuaciones para aumentar su eficacia, basándose en el Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026. En este sentido, se ha iniciado la tramitación de un nuevo reglamento de organización y funciones de la inspección con el objetivo de actualizar, modernizar y optimizar el ejercicio de sus funciones.
Protección del personal inspector
Finalmente, en el último año se han implementado medidas para garantizar la seguridad del personal inspector ante situaciones de riesgo. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ofrece la posibilidad de firmar los documentos de forma anónima, sustituyendo el nombre por un número de identificación profesional.