Andalucía tiene 1.996 trabajadores y trabajadoras del Personal Técnico de integración Social (PTIS) y 154 Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), unos colectivos que prestan atención directa en el aula al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y que han iniciado una huelga con carácter indefinido para denunciar la extrema precariedad que sufren.
La huelga, iniciada este 21 de noviembre, tiene unos servicios mínimos "abusivos", según CCOO, que impiden que casi el 80% de PTIS e ILSE puedan ejercer su derecho. “Esos servicios ya fueron anulados para estos mismos colectivos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado septiembre tras la denuncia presentada por CCOO y vuelven a dictaminar los mismos servicios pero, esta vez, enmascarados con un lenguaje confuso para intentar saltarse la sentencia del TSJA", señala el sindicato.
La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha denunciado “que la mayoría de los servicios que prestan estas profesionales están privatizados o externalizados; es decir, licitados por empresas privadas, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que está ejerciendo una manifiesta dejadez en sus funciones por no exigir, entre otras cosas, el pago del verano, la contratación a jornada completa, la aplicación del convenio colectivo o facilitando el paso del contrato indefinido parcial al fijo discontinuo”.
CCOO apunta que el 27 de noviembre se realizará una concentración en la puerta de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en Sevilla y que habrá concentraciones provinciales cada martes y jueves “hasta que se solucione el conflicto”. Para el sindicato, “esta situación es un claro ejemplo de las políticas privatizadoras del Gobierno andaluz y prueba de ello es que el número de PTIS privatizadas asciende ya a 1.996, casi el doble de las que tienen carácter público que son 1.088”.
Asimismo, Vega ha explicado que “estamos en un sector altamente feminizado donde más del 90% son mujeres, de manera que se constata de nuevo que el binomio mujer-precariedad en los centros educativos públicos andaluces se mantendrá mientras este Gobierno no ejecute políticas serias en coordinación con los agentes sociales con el claro objetivo de eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres”.
Como han recordado los dirigentes, “las PTIS e ILSE son profesionales que realizan sus funciones con un alumnado altamente sensible, con necesidades educativas de apoyo específico”. “Es inadmisible que Andalucía sea la única comunidad autónoma en España que tiene privatizado parte de este servicio; dándose la situación de que PTIS empleadas públicas (también cada vez más ignoradas por la Administración) comparten centros y funciones con PTIS privatizadas con unas enormes diferencias salariales y condiciones de trabajo”.
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