Las universidades públicas de Andalucía han expresado este jueves su preocupación ante lo que consideran una serie de ataques recientes a la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y los gobiernos electos de las instituciones académicas. Según el comunicado emitido de manera conjunta por los rectores, estos hechos, aunque no son inéditos en la historia del país, representan una amenaza significativa para la convivencia, la democracia y las libertades fundamentales.
El documento subraya que los centros de educación superior deben ser espacios abiertos al debate académico, científico y social, siempre que se desarrollen con rigor y respeto. Sin embargo, los rectores aclaran que ciertos discursos, como los de odio, la difusión de falsedades, las insidias, el negacionismo y las agresiones al honor de las personas, no se amparan bajo la libertad de expresión. La declaración se produce tras la gira de Vito Quiles por varios campus andaluces, que ha generado controversia y preocupación en la comunidad universitaria.
En el comunicado, las universidades públicas defienden su papel como instituciones democráticas fundamentales, cuyo marco se sustenta en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Se destacan como espacios de libertad, igualdad, inclusión, cultura, valores cívicos y democráticos, y justicia social, recordando que históricamente han sido objeto de ataques por parte de corrientes reaccionarias. Los rectores enfatizan la misión social de estas instituciones y la necesidad de preservar la universidad pública como garante de estos principios.
La visita de Vito Quiles
Ante los hechos vinculados a las visitas de Quiles, los rectores han señalado que no pueden permanecer indiferentes ante la creciente crispación social ni ante la normalización de la violencia física y verbal contra los colectivos más vulnerables. La declaración hace un llamamiento a la sociedad y a los distintos niveles de gobierno para fomentar un diálogo público basado en el respeto, la verdad y el interés general.
Además, las universidades consideran imprescindible regular las redes sociales, criticadas por su papel en la monetización de la polarización, la difusión de noticias falsas y los discursos de odio. Según los rectores, esta intervención es urgente para garantizar un entorno de convivencia más seguro y responsable, que permita a la universidad cumplir su función educativa y social sin ser vulnerada por actitudes que socavan los valores democráticos.