El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha dado luz verde a la propuesta de la Junta para repartir los fondos del modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas en 2026, una cuantía que asciende a 1.825,7 millones de euros. El respaldo se ha producido con el voto favorable de nueve rectores y con la abstención del representante de la Universidad de Jaén. Una decisión que llega tras las quejas, luego diluidas, desde la Universidad de Sevilla, y en un clima durante la legislatura de tensiones y distensiones entre la Junta y los rectores.
Según ha informado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en una nota de prensa, esa cantidad global incorpora 21,5 millones de euros destinados a atender el acuerdo alcanzado en abril de 2025 entre la Junta y los rectores sobre retribuciones del personal, además de otros 16 millones consolidables para reforzar financieramente el sistema universitario público andaluz.
Durante la reunión del CAU, en la que están representados rectores, estudiantes, Consejos Sociales y Parlamento andaluz, también se ha informado favorablemente de la orden que recoge esta distribución económica. Además, se ha acordado la creación de una comisión técnica que analizará la metodología utilizada por las universidades para calcular los costes de personal, con el objetivo de contar con un marco financiero "equilibrado y sostenible".
Por su parte, en un comunicado, las universidades públicas andaluzas han mostrado su "satisfacción" con "este avance en la aplicación efectiva del modelo de financiación vigente, que es la mejor garantía para el correcto funcionamiento del sistema universitario público andaluz (SUPA)".
El asunto del personal
El organismo técnico pondrá el foco en distintos conceptos retributivos vinculados al desempeño profesional, la productividad o la antigüedad del PDI y del PTGAS. Entre ellos figuran los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. Aquí ha estado buena parte de las reivindicaciones de los rectores en los pasados meses, derivadas de sentencias judiciales y de revisiones obligadas -pero no compensadas- por el Gobierno central que encarecieron las retribuciones.
No será el único aspecto a estudiar. También revisará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el impacto del crecimiento vegetativo sobre las obligaciones de personal y cualquier otra variable que haya podido influir en los cálculos realizados.
Los resultados de ese trabajo, que se desarrollará y concluirá a lo largo de este mismo ejercicio, deberán servir para detectar posibles líneas de mejora en la planificación y en la gestión de los recursos humanos, así como en los gastos asociados, desde una perspectiva de corresponsabilidad institucional.
La propuesta de financiación, que llega después de un proceso de negociación con los rectores, parte de los 1.788,2 millones de euros ya presupuestados en las cuentas de la Junta para 2026. A esa cifra se añaden otros 37,5 millones ligados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema y al acuerdo firmado el 8 de abril de 2025 sobre retribuciones de personal.
Del total previsto, 1.669,01 millones de euros se destinan a financiación básica, es decir, a gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento. Otros 112,64 millones corresponden a financiación mediante contratos programa, pensados para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.
La cantidad global incluye además una aportación consolidable de 6,57 millones de euros destinada a la nivelación. En este ejercicio, esos fondos irán a parar a la Universidad de Granada, que recibirá 2,01 millones, y especialmente a la Universidad de Málaga, a la que se transferirán 4,55 millones de euros por este concepto.
