Piden que la nueva Ley de autoridad del profesorado no les otorgue "un poder que no desean, porque quieren enseñar en paz"

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública asegura que los docentes quieren educar "desde la convivencia y no desde la coerción"

La presidenta de la Codapa, Leticia Vázquez, en la comisión de Educación.
La presidenta de la Codapa, Leticia Vázquez, en la comisión de Educación.

La presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa), Leticia Vázquez Ferreira, ha advertido de que la futura Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado, actualmente en tramitación, no educa “desde la cultura de la buena convivencia sino desde la coerción y la presunción de que todo el alumnado y sus familias van a faltar al respeto en algún momento al profesorado”.

Vázquez ha comparecido en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía para mostrar las dudas de la Codapa, que agrupa a más de 2.700 AMPA de la escuela pública andaluza, ante esta nueva ley. “Pedimos que se prestigie la función docente, dotando al profesorado de más recursos y mejores condiciones para ejercer su labor, bajando la ratio y ofreciéndole formación permanente”, ha asegurado.

La presidenta de la Codapa ha recordado que actualmente “ya se facilitan los medios para la protección legal y psicológica del profesorado”, y ha advertido de que ampliar esa protección puede ser “una carga adicional” para la comunidad docente. “Desde las asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública pedimos prestigio para la función docente, pero no otorgándoles un poder que no desean, porque ellos quieren enseñar en paz. Para resolver problemas de convivencia ya existen planes y comisiones en todos los centros públicos andaluces”, ha afirmado Leticia Vázquez en el Parlamento andaluz.

La futura Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado contempla, entre sus contenidos esenciales, asuntos como la presunción de veracidad tanto para docentes como para directores y demás miembros de los órganos de gobierno de los centros, el derecho a la asistencia jurídica o el establecimiento de un marco para la fijación de normas y medidas disciplinarias.

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