Varios colectivos vinculados a la educación pública han estado presentes esta tarde en la manifestación que, convocada por Flampa Jerez en unión con la nueva plataforma de Ampas Activas, se ha llevado por varias calles de Jerez para pedir una educación pública "digna y de calidad".
La manifestación ha partido desde la plaza del Caballo para finalizar en la puerta del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto con las exigencias para mejorar las condiciones de la pública. "El profesorado interino sufre cada año la incertidumbre de destino. Una plantilla suficiente con trabajos estables supondría una mejora de la calidad", ha leído una de las manifestantes.
"No a los recortes en la educación pública"
Otra participante ha subrayado que "la caída demográfica presenta la mejor oportunidad para bajar la ratio en las aulas". Los mensajes en las pancartas iban en la misma línea: "Escuela pública digna y de calidad" (lema de la manifestación), "la inclusión es un derecho, no un privilegio", "no a los recortes en la educación pública" o "dinero público para la educación pública" han sido algunas de las reivindicaciones realizadas.
También se ha pedido "más docentes y menos ratios". A lo largo del recorrido de la manifestación también se han escuchado varios cánticos, estando la delegada provincial de Educación, Isabel Paredes, en el foco de las críticas. "Paredes, bájate del caballo", "ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras" o "Paredes le da a la pública y le quita a la privada", han sido algunos de los referidos cánticos.
Manifiesto de Marea Verde
"Hoy nos manifestamos aquí para defender un derecho humano esencial: el derecho a la Educación Porque solo la Educación pública, la red de centros educativos de titularidad y gestión pública garantizan este derecho en condiciones de igualdad, inclusión, diversidad y equidad al conjunto de la población. La Educación Pública en nuestra comunidad viene sufriendo un deterioro y desmantelamiento significativos y progresivos, al igual que el resto de los servicios públicos. Son las consecuencias de unas políticas de privatización que el gobierno de Andalucía está implementando junto con el respaldo de la Delegación Territorial en Cádiz y que, en el último curso, ha decidido acelerar para que la Educación sea un bien de mercado y no un derecho que tenemos. El conjunto de la comunidad educativa no puede más que mirar con profunda preocupación los acuerdos políticos y avances legislativos que incrementan este deterioro y desmantelamiento del sistema público de educación. Las políticas de la Junta de Andalucía maltratan el derecho a la educación pública, que constituye un derecho de nuestra Constitución y un elemento esencial de cohesión social. Sin ir más lejos, en el actual periodo de escolarización existe una planificación basada en la supresión constante de plazas públicas, que, por el contrario, no se producen en los centros educativos concertados (que deberían ser una excepción) y que se subvencionan con fondos públicos, dejando recaer el descenso de la natalidad tan solo sobre la red pública".
"Entre 2018 y 2023, los centros públicos de nuestra comunidad han perdido el 5,9% de sus clases, mientras los de la red concertada no solo no han disminuido, sino que han aumentado un 5%. En Andalucía, la red pública también ha perdido un mayor porcentaje de alumnado, un 10,7%, frente al 4,3% de la privada subvencionada. Hay que añadir las políticas de privatización y segregación escolar que el gobierno de Andalucía está desarrollando. El Partido Popular tiene como objetivo político la privatización acelerada de centros privados a través de subvenciones con fondos públicos, concertando con ellos determinadas enseñanzas. Porque no es un problema de falta de recursos, Mientras se producían estos recortes, el dinero desviado a la educación privada por medio de conciertos, hoy en día completamente injustificado, superaba el curso pasado, ampliamente, los 1.000 millones de euros. A todo lo anterior, hay que añadir los drásticos recortes de recursos y de profesionales, que afectan directamente a nuestro alumnado más vulnerable, es decir, nuestro alumnado de NEAE o de origen extranjero, que curso tras curso sufren un empeoramiento de su calidad educativa. La Educación Inclusiva es un Derecho y, además, una responsabilidad de nuestros estamentos públicos. En este sentido queremos llamar la atención sobre la precariedad laboral de las y los trabajadores que atienden a este alumnado. La tendencia privatizadora ha hecho que una parte del Personal Técnico de Integración Social, haya sido externalizado. Se produce la paradoja de que mientras familias y expertos reclaman más recursos humanos para la atención efectiva de este alumnado, muchas de estas trabajadoras no alcanzan un horario mínimo de presencia en los centros educativos y deben compatibilizar su actividad con un segundo trabajo. Porque para avanzar en una educación de calidad necesitamos recursos humanos. Hay una petición unánime de las organizaciones sindicales para aumentar las plantillas docentes"
"Es imprescindible la estabilización laboral de un profesorado interino que sufre cada año la incertidumbre de su destino. Unas plantillas suficientes y con trabajo estable, supondrían inmediatamente una mejora de la calidad. A su vez, hemos de subrayar que la caída demográfica presenta la mejor oportunidad para bajar la ratio en nuestras aulas; con ella se mejoraría el aprendizaje y la calidad de la educación, evitando la segregación escolar. Pero, frente a la bajada de la natalidad y una mayor disponibilidad de dinero para realizar inversiones, el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha rechazado la petición unánime de bajada de ratio elevada por el conjunto de la comunidad educativa, y ha colocado a la Educación andaluza, junto a la de la Comunidad de Madrid, en el último puesto de la inversión por estudiante, gastando el año pasado 5.442 euros por cada alumno/a. La reducción de ratio, es decir el número de niños y niñas de cada grupo/clase, es una medida que ya se ha tomado en otras regiones con grandes resultados. Y es que, con ella, tendríamos una serie de beneficios como son una mayor atención individualizada, la mejora del rendimiento académico, la reducción del estrés docente, la mejora de la inclusión y la reorganización de la enseñanza. Es indispensable apostar por la CALIDAD educativa. No podemos dejar de hacer mención a la problemática de la FP, en nuestro municipio, especialmente, pero extensible al resto de Andalucía. Mientras que se desatiende la demanda unánime de ampliación de la oferta pública de Formación Profesional, la oferta privada se ha duplicado en Andalucía en los últimos cinco años y en Jerez, ejemplo paradigmático del desembarco de estos fondos de inversión que buscan el negocio rápido que permite la desatención pública, se ha instalado el centro privado más grande de nuestra comunidad. Esta situación obliga a muchas familias trabajadoras a desembolsar importantes cantidades de dinero para que sus hijos e hijas tengan derecho a una formación que es un derecho fundamental. Por todo ello, desde aquí, queremos reafirmarnos en nuestra apuesta por una escuela pública de calidad y proximidad, por implementar políticas de reducción de la segregación escolar, diseñar programas de inversión pública, dotar de estabilidad al profesorado…. Nos manifestamos por una Educación Pública que garantice el Derecho a una Educación Inclusiva y de calidad en nuestra comunidad, porque, a pesar de los recortes, ¡la Pública es la mejor opción! Las movilizaciones no van a parar aquí. ¡Seguiremos en la lucha!".
