La educación andaluza vuelve a situarse en el centro de la confrontación política. El proyecto de presupuestos educativos de Andalucía para 2027, que contempla 9.811 millones de euros para la consejería de Educación, ha abierto un debate entre el Gobierno autonómico y el PSOE-A sobre el reparto de los recursos, la financiación de la enseñanza concertada y la ejecución de determinadas partidas. La controversia llega, además, a escasos tres días de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, que tendrá una movilización específica en defensa de la enseñanza pública.

Las cuentas presentadas por la Junta suponen un incremento de 471,9 millones respecto a 2026, equivalente al 5,05%. Para el Ejecutivo andaluz, estas cifras consolidan una inversión educativa sin precedentes. Sin embargo, la portavoz socialista de Educación, Patricia Alba, cuestiona que ese crecimiento se traduzca necesariamente en mejoras para los centros y el alumnado.

Durante su intervención en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, celebrada el pasado 3 de noviembre, Alba reclamó al Gobierno de Juanma Moreno "menos presupuestos históricos para presumir, y más presupuestos para cumplir", al considerar que siguen existiendo necesidades educativas que no se resuelven con el incremento global de las cuentas.

El debate de los 72 millones

Uno de los principales puntos de discrepancia es la financiación de la enseñanza concertada. Según los datos expuestos por el PSOE-A, la partida destinada a las unidades concertadas crece más de 72 millones de euros, aproximadamente un 6,6%, un porcentaje superior al incremento global del presupuesto de la Consejería. La portavoz socialista ha pedido conocer qué parte de esa cantidad se destinará a nuevas unidades y cuál corresponde a la actualización de las ya existentes. También ha solicitado información sobre las posibles supresiones de aulas públicas durante el próximo ejercicio.

Desde la Consejería de Educación, fuentes oficiales consultadas por este medio sostienen que el aumento responde, fundamentalmente, a la mejora de las condiciones salariales de los docentes de la concertada, en consonancia con los incrementos retributivos de la enseñanza pública. A ello se añade una mejora de la partida de gastos de funcionamiento, fruto de los acuerdos alcanzados con las organizaciones patronales y sindicales del sector.

La Administración autonómica precisa que, de los 1.186 millones de euros destinados a la red concertada, 1.016 millones corresponden a las retribuciones de unos 16.000 docentes, responsables de la educación de más de 300.000 alumnos andaluces. Esto significa que aproximadamente el 86% de la financiación de esta red se destina al pago del profesorado.

La Consejería también defiende el reparto global de sus cuentas: según sus cifras, los 1.186 millones de la concertada representan el 12% del presupuesto, frente a los 8.625 millones, el 88%, que atribuye a la red pública. El Ejecutivo autonómico insiste, asimismo, en que la inversión en la escuela pública ha aumentado un 55% desde 2019 y recuerda que los mayores presupuestos educativos aprobados durante los gobiernos socialistas apenas superaban los 6.000 millones de euros. La discusión, por tanto, no se limita a cuánto aumenta la financiación, sino a las razones de ese incremento y a su distribución entre las dos redes educativas.

Becas, comedores y Formación Profesional

Las discrepancias también alcanzan a las ayudas destinadas al alumnado. Patricia Alba denuncia la congelación de la partida correspondiente a la Beca 6000, pese a que la previsión de beneficiarios pasa de 10.000 a 7.500 estudiantes. La portavoz socialista cuestiona igualmente la reducción de las becas de transporte escolar, cuyo presupuesto específico baja de seis millones a cuatro millones y medio, así como el descenso cercano al 7% en la partida de comedores escolares de gestión directa.

La posición del Gobierno autonómico es diferente. Durante su comparecencia parlamentaria, la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, atribuyó la disminución prevista de beneficiarios de determinadas ayudas al descenso del alumnado y defendió el mantenimiento de las dotaciones presupuestarias. La Junta destaca, además, que el conjunto de ayudas a las familias superará los 1.024 millones de euros en 2027, un 6,65% más que el ejercicio anterior. En ese importe se incluyen diferentes servicios y programas, entre ellos los comedores, cuyo presupuesto global aumenta hasta superar los 102 millones, y el transporte escolar, con una dotación de 136,8 millones.

Ambas cifras generales conviven, por tanto, con los descensos denunciados por el PSOE en partidas específicas. La Formación Profesional constituye otro foco de controversia. Alba ha advertido de que las unidades públicas de FP Básica previstas pasan de 1.184 a 1.153, lo que supone 31 menos, mientras aumenta la financiación destinada a esta modalidad en los centros concertados.

La representante socialista también cuestiona la reducción cercana al 21% en las ayudas vinculadas a la FP Dual. Por su parte, la Consejería defiende que el presupuesto destinado al conjunto de la Formación Profesional supera los 800 millones de euros y que la ampliación de la oferta, el refuerzo del profesorado y los equipamientos forman parte de sus prioridades.

La ejecución presupuestaria, otro punto de fricción

Más allá de las cifras consignadas para 2027, el PSOE-A ha puesto el foco en el grado de ejecución de determinados programas durante 2026. Según los datos expuestos por Patricia Alba, hasta septiembre la ejecución presupuestaria apenas alcanzaba el 53% en formación del profesorado, el 61% en educación compensatoria y el 28% en inversiones reales del programa de Secundaria y Formación Profesional.

"Queremos saber qué actuaciones quedan pendientes y qué se va a hacer en estos tres meses, porque el presupuesto no es un concurso para ver quién anuncia la cifra más grande, es un compromiso que, al final, tenemos que cumplir", señaló la parlamentaria socialista. Preguntadas por estas críticas, fuentes de la consejería han explicado a este medio que más del 82% del presupuesto departamental se destina al pago de salarios de los trabajadores, por lo que defienden que esa parte del gasto tiene una ejecución garantizada.

No obstante, el peso de las nóminas en el presupuesto global y los porcentajes de ejecución de programas específicos son indicadores diferentes. La respuesta de la Administración no aporta un desglose actualizado que permita determinar qué cantidades siguen pendientes de ejecutar en las tres partidas cuestionadas por el PSOE.

Una huelga con la educación pública en el centro

El debate presupuestario se produce en vísperas de la huelga del 11 de noviembre, una convocatoria general de 24 horas impulsada por distintas organizaciones sindicales para reclamar mejoras salariales, acceso a la vivienda y defensa de los servicios públicos.

En el ámbito educativo, USTEA y CGT Enseñanza han convocado una jornada de paro que se integrará en esa movilización general. Las organizaciones reclaman una reducción de las ratios, mayor estabilidad del profesorado interino, refuerzo de los especialistas de atención a la diversidad, mejoras en las infraestructuras y el cumplimiento de la normativa de bioclimatización. Los sindicatos también denuncian la supresión de unidades en los centros públicos y cuestionan el incremento de los recursos destinados a la concertada.

Aunque la huelga educativa fue anunciada el 1 de octubre, antes de la presentación de los presupuestos de 2027, el debate de las cuentas ha vuelto a colocar estas reivindicaciones en la agenda política andaluza. La consejería sostiene que su presupuesto permitirá consolidar una plantilla de más de 109.000 docentes en centros públicos y avanzar en la reducción progresiva de las ratios. Las organizaciones convocantes, por el contrario, consideran que las medidas siguen siendo insuficientes para responder a las necesidades de los colegios e institutos.

El próximo miércoles, el desacuerdo dejará temporalmente el Parlamento para trasladarse a los centros educativos y a las calles andaluzas. Entretanto, el proyecto presupuestario continúa su tramitación parlamentaria con una cuestión central todavía abierta: cómo se traducirá el aumento de los recursos en mejoras concretas y verificables para el alumnado y el profesorado.