La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central una solución inmediata para garantizar el desarrollo del programa de auxiliares de conversación en la comunidad. El Consejo de Gobierno ha reclamado que se adopten medidas de coordinación entre los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores y Trabajo con el fin de que este programa estatal pueda mantenerse en Andalucía con todas las garantías necesarias.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es el encargado de convocar cada año las plazas, seleccionar a los participantes, asignar el número a cada comunidad y establecer la cobertura legal de estos auxiliares. Sin embargo, las comunidades autónomas, aunque asumen gran parte de la financiación, no tienen margen para modificar las condiciones fijadas por el Estado ni capacidad de decisión sobre las bases.
El conflicto se ha intensificado tras las recientes actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Granada y Sevilla, que han puesto en cuestión el modelo aplicado en Andalucía. Estas inspecciones, centradas en el régimen económico y de Seguridad Social de los auxiliares, solo se han llevado a cabo en esta comunidad, lo que, según la Junta, supone un “agravio comparativo” respecto al resto del país. Además, las pesquisas se han limitado a los auxiliares financiados por la administración andaluza y no han afectado al cupo que depende directamente del Ministerio.
La Junta ha recurrido estas resoluciones, pero el bloqueo amenaza con dejar a 1.806 auxiliares fuera de los institutos públicos durante el curso 2025-2026. Aun así, la Consejería de Desarrollo Educativo mantiene su compromiso de seguir en el programa, al que califica de esencial para mejorar las competencias lingüísticas y culturales del alumnado.
El plan se fundamenta en convenios bilaterales internacionales que permiten a universitarios y recién graduados impartir apoyo lingüístico en centros extranjeros, al tiempo que ellos mismos perfeccionan el idioma y la cultura del país de acogida. En Andalucía, este programa funciona desde el curso 2006-2007 y se había consolidado como un pilar de la internacionalización educativa.
Un caso único en España
Pero este año, por primera vez, los centros públicos andaluces se han quedado sin auxiliares de conversación nativos. La Junta insiste en que el programa es competencia estatal y denuncia que el Gobierno haya modificado las condiciones solo para esta región. Según explica, Andalucía es un caso único en España en este programa que lleva más de 20 años en funcionamiento.
El origen del choque radica en el cambio de criterio del Ministerio de Trabajo, que ahora considera a estos jóvenes como trabajadores y no como estudiantes becados. Durante años, su papel había sido clave: ayudaban a miles de alumnos a mejorar su inglés, francés u otros idiomas, mientras ellos aprendían español y se integraban en la vida local. Sin embargo, a partir de septiembre, esta figura desaparece de las aulas públicas andaluzas.
