Imbroda impulsa la ley andaluza que reconocerá a los docentes como autoridad pública

El consejero de Educación lidia en el debate en el Parlamento con las críticas de la oposición a su pacto para implantar el 'pin parental' en los centros educativos de la comunidad

El consejero Javier Imbroda defendiendo en el Parlamento la futura Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado. JUNTA DE ANDALUCÍA
El consejero Javier Imbroda defendiendo en el Parlamento la futura Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado. JUNTA DE ANDALUCÍA

El proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que otorga a los docentes de la comunidad autónoma la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, así como la presunción de veracidad, ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, con lo que ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria, donde los grupos podrán plantear enmiendas parciales. El debate de totalidad se ha sustanciado sin que ningún grupo haya planteado enmiendas a la totalidad al texto.

Según ha explicado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ante el Pleno del Parlamento, esta norma es de gran importancia porque tiene como objeto destacar la figura del docente como pilar fundamental del sistema educativo, al tiempo que garantizará la asistencia jurídica y psicológica al profesorado de los centros públicos ante situaciones de conflicto. Ha lamentado que vivamos unos tiempos en los que se pone en tela de juicio la autoridad y profesionalidad de los docentes, mientras que las agresiones han crecido de manera significativa en la última década.

Ha pedido a todos los grupos el apoyo al texto y ayuden a situar la figura del docente en el lugar que nuestra sociedad necesita. Ha añadido que el texto recoge los derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente, como el de recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, las familias, el resto de los profesores y el personal restante que presta su servicio en el centro docente, conforme a la importancia social de la tarea que desempeña.

También se reconoce su potestad y autonomía para imponer medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias, de manera inmediata, proporcionada y eficaz --de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente--, que le permitan mantener un clima adecuado que favorezca el estudio y el aprendizaje durante las clases y en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

Otro de los derechos de los profesores recogidos en la norma es a desarrollar su labor en un clima de orden y respeto a sus derechos, especialmente a su integridad física y moral y a su dignidad. Además, el docente podrá solicitar la colaboración de las familias o representantes legales del alumnado para el cumplimiento de las normas de convivencia.

La Administración educativa velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden. Para ello, la Consejería de Educación y Deporte realizará la oferta de formación adecuada y programas y campañas que valoren la función docente y contribuyan a mejorar su consideración y prestigio social. Esta formación pondrá especial atención en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de las redes sociales.

Respecto a la presunción de veracidad, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 'iuris tantum', sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, pueda aportar el propio alumnado. Asimismo, están incluidos en el anteproyecto de ley la responsabilidad y reparación de daños. En los casos de agresión física o moral al profesorado causada por el alumno o la alumna, se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad el reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación inmediata del daño producido y la petición de excusas.

Por otra parte, el alumno estará obligado a reparar los daños que cause individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de todos miembros de la comunidad educativa.

El ámbito de aplicación de la futura ley se extenderá al conjunto de actuaciones que desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo y que requieran la presencia de profesores. También comprende cualquiera que fuera el momento y el lugar en el que se produjeran los actos contrarios a la integración física o moral del profesorado, con inclusión expresa del ciberacoso y actos de naturaleza similar que resulten relacionados con el ejercicio profesional del docente.

"Firmó detrás de una cortina con la extrema derecha"

En el turno de los grupos, como ha recogido Europa Press, la portavoz de Educación del PSOE-A en la Cámara, Beatriz Rubiño ha dicho que gran parte de lo contemplado en esta ley de la Junta ya se encuentra regulado en la ley andaluza de educación y en la estatal, y se ha preguntado "qué relación" tiene este proyecto de ley "con el veto parental que hace dos semanas" el consejero Javier Imbroda "firmó prácticamente detrás de una cortina con la extrema derecha" de Vox, según ha criticado.

En esa línea, ha achacado al Gobierno andaluz "un nuevo insulto a los docentes" al traer al Parlamento esta ley que "está cogida con pinzas" a la vez que, por otra parte, desde la Junta "restan la autoridad del profesorado con el veto parental". No obstante, ha aclarado que el Ejecutivo andaluz "encontrará" a los socialistas si optan por el camino del acuerdo y el consenso en el trámite parlamentario de la ley, pero, "si su intención es confrontar, nos encontrarán radicalmente enfrente", según ha advertido.

El parlamentario del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha manifestado que es absolutamente adecuado que el Gobierno andaluz plantee esta ley, independientemente de que exista ese reconocimiento a nivel nacional. Es necesario, a su juicio, que la Junta haga también un reconocimieno en forma de ley del esfuerzo y el trabajo que hacen los docentes, que se dignifique su labor y haya un apoyo expreso al profesorado.

La diputada de Ciudadanos Mar Sánchez ha manifestado que, sin duda, esta norma no es la única herramienta para aumentar la calidad educativa, sino que es necesario tomar decisiones claras como una ley de educación con consenso, que sea duradera en el tiempo, y un pacto social por la educación en Andalucía.

El parlamentario de Vox Macario Valpuesta ha indicado que esta ley es un paso positivo, pero en un camino que nos lleva a una meta que está todavía "lejísima". Ha señalado que el respeto a la dignidad del profesorado es una tarea que nos compete a todas las instancias.

El diputado de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha manifestado finalmente que la ley contempla medidas que ya se están llevando a cabo a través de la Ley de Educación.

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