Las familias del CEIP San Ignacio de Loyola, en el Polígono San Pablo de Sevilla, han llevado a cabo una concentración a primera hora de este martes para protestar contra el cierre de su colegio. La medida, impulsada por la Delegación territorial de Educación, conllevaría la fusión del centro con el CEIP San Juan de Ribera, generando incertidumbre sobre el futuro de docentes y alumnos.
A un mes del periodo de escolarización, la comunidad educativa aún desconoce cuál será la resolución final. Según ha comunicado la Consejería a los equipos directivos, el nuevo centro se establecería en las instalaciones del San Juan de Ribera, lo que supondría el cierre del San Ignacio de Loyola el próximo mes de junio.
El anuncio ha generado gran malestar entre las familias y docentes del CEIP San Ignacio de Loyola, que consideran que su modelo educativo, basado en la integración de alumnado con necesidades específicas de apoyo, se verá afectado. "Con 9 unidades (3 de infantil y 6 de primaria) y un número importante de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo se encuentra ahora en la incertidumbre de saber qué será del personal docente que venía trabajando hasta ahora con este alumnado", denuncia el sindicato Ustea, que defiende al equipo de Pedagogía Terapéutica como "referente".

Otro de los frentes es la estabilidad de la plantilla con destino definitivo en cada colegio y "supone la desaparición entre ambos de 11 puestos de plantilla de funcionamiento, ahondando en el recorte del empleo público docente". Asimismo, desde Ustea expresan la incertidumbre por el futuro uso del emplazamiento del solar, que al perder uso educativo regresaría a manos del Ayuntamiento de Sevilla.
"La bajada de natalidad esgrimida por la Consejería para suprimir clases y docentes en la escuela pública no está afectando a la privada concertada, que mantiene los colegios San Agustin (con dos clases de 3 años autorizadas para el periodo de escolarización) y Santo Ángel de la Guarda (con tres clases autorizadas)".
En ese sentido, Ustea recuerda que se autorizó "el pasado curso de una segunda unidad de infantil de 3 años en el colegio concertado La Salle-Felipe Benito en Macarena Norte, mientras recortaba una clase de 3 años en el colegio público Teodosio, situado en la misma área. Se trata por tanto de un nuevo paso hacia la privatización progresiva de los servicios públicos".
La decisión final recae en el delegado territorial de Educación, Miguel Ángel Araúz, quien hasta el momento no ha respondido a la solicitud de reunión presentada por el sindicato USTEA. Las críticas hacia el responsable educativo han aumentado tras unas declaraciones atribuidas a él en las que supuestamente minimizaba la importancia del apoyo a alumnado con autismo.
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