La vicesecretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Encarnación Martínez, junto a los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla Francisco Páez y Pedro Jaime Muñoz, han respaldado este lunes a padres, madres y profesorado del CEIP San Juan de Ribera en una concentración frente al centro educativo.
La razón es que la Junta ha decidido fusionar este centro, ubicado en el distrito sevillano de San Pablo-Santa Justa, con el CEIP San Ignacio de Loyola. La presidenta del AMPA del San Juan de Ribera ha explicado que "llevamos muchísimos años reivindicando que nuestro centro es mejor, hemos pedido muchas reuniones a Delegación y no nos hacen caso". Por eso, este lunes se han concentrado pidiendo que "no se cierre nuestro centro. Tiene muy buenas instalaciones y queremos que esto se pueda resolver lo antes posible".
Todo apunta a que será el San Ignacio de Loyola el que cerrará y que el San Juan de Ribera, absorberá a los estudiantes del otro centro, pero creándose uno nuevo. La Junta oficialmente no ha dado una explicación a las comunidades educativas ni les ha dado a conocer cuál será la solución definitiva, por lo que las familias lamentan el actual estado de indefinición, de dudas respecto a qué instalaciones tendrán que llevar a sus hijos el próximo curso.
"Una vez más nos encontramos en las puertas de un colegio público en la provincia de Sevilla, en este caso en el San Juan de Ribera, un colegio público que quiere cerrar Morena Bonilla", ha señalado Encarnación Martínez.
"El presidente de la Junta de Andalucía ya no solamente nos tiene acostumbrados a un inicio de curso desastroso, sino que ahora nos levantamos todos los días con un colegio público en el que o se va a cerrar un aula, o quitan un logopeda, o recortan a un profesional de la audición de lenguaje, o recortan, en definitiva recortan para las personas que más necesitan de lo público, para los niños y niñas más vulnerables, tenemos un gobierno insensible, tenemos un gobierno sin corazón", señala el PSOE.
Una decisión conocida en unas semanas en las que la presión sobre el delegado territorial de Educación se ha incrementado, tras ser acusado de falta de tacto y de "ridiculizar" a padres y madres de niños con necesidades especiales.
