La interinidad docente en Andalucía vuelve a evidenciar una grieta profunda entre la realidad que describen los sindicatos y el discurso oficial de la Administración autonómica. Pese a los procesos de estabilización del profesorado, miles de docentes interinos aseguran seguir atrapados en un modelo que genera incertidumbre laboral, sobrecostes personales y un notable desgaste vital, mientras la Junta defiende que el sistema educativo andaluz atraviesa su etapa de mayor estabilidad.
Los profesores interinos en Andalucía denuncian que cada final de curso se convierte en un ejercicio de supervivencia administrativa. No saber dónde trabajarán el año siguiente —ni si tendrán destino— impide planificar una vida familiar mínimamente estable.
Mudanzas forzadas, desplazamientos de larga distancia y gastos asumidos de forma individual forman parte de una rutina que, lejos de ser excepcional, se ha normalizado con el paso del tiempo. La precariedad laboral docente, sostienen, "no es solo contractual, sino también emocional y económica".
A esta situación se suma un factor cada vez más visible: el abandono progresivo de la carrera educativa. Profesores con años de experiencia y preparación reconocen plantearse dejar la enseñanza ante la imposibilidad de consolidar un proyecto de vida. Desde el colectivo interino se insiste en que las oposiciones docentes y la estabilización no han resuelto el problema estructural y que el sistema continúa apoyándose en una bolsa amplia de profesorado temporal para cubrir plazas estructurales.
Desde Ustea el diagnóstico no deja lugar a matices. "El escándalo de las cifras no admite más propaganda", aseveran, al tiempo que aseguran que más de 19.000 docentes interinos sostienen actualmente el sistema educativo andaluz. Según el sindicato, de los más de 112.000 profesionales que trabajan en la educación pública, más del 17 % carece de plaza fija, lo que situaría la tasa de interinidad estructural por encima del 12%, claramente por encima del 8 % que marca la Unión Europea.
El sindicato denuncia además que la Consejería de Desarrollo Educativo ha eludido reiteradamente facilitar datos oficiales actualizados tras los procesos de estabilización. Mientras la Junta “saca pecho de una supuesta gestión eficiente”, Ustea advierte de que uno de cada cinco docentes trabaja sin estabilidad, una situación que —afirman— compromete la continuidad pedagógica y la calidad del sistema. “No se puede hablar de excelencia educativa cuando el profesorado vive en la provisionalidad permanente”, subrayan.
En su análisis territorial, el sindicato señala que el problema se agrava en determinadas provincias. Cádiz y Huelva superarían el 20% de interinidad estructural, mientras que Almería rebasaría el 15%, cifras que, a juicio del sindicato, evidencian el fracaso del proceso de estabilización derivado de la Ley 20/21. “Se está utilizando al personal interino como un recurso de bajo coste”, denuncian, reclamando una oferta de empleo público del 120% y la inclusión de las plazas desiertas en futuras convocatorias. De no producirse un cambio, advierten, “la paciencia del profesorado se ha agotado”.
La plantilla docente mejor pagada de la historia
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional rechaza de plano este planteamiento y cuestiona la base de los datos sindicales. “Desconocemos de dónde obtiene esas cifras Ustea”, señalan fuentes oficiales consultadas por lavozdelsur.es, que aclaran que la plantilla docente de funcionamiento ronda los 108.000 efectivos, y no los más de 112.000 que maneja el sindicato.
La Junta afirma además que se está produciendo una confusión deliberada al computar como interinidad estructural las sustituciones temporales de funcionarios de carrera. “Esa plaza es estructural, aunque esté ocupada puntualmente por un interino”, explican desde la Consejería, insistiendo en que este criterio distorsiona el cálculo real. Según los datos oficiales, la tasa de interinidad del sistema educativo andaluz a 1 de octubre de 2025 se situaba por debajo del 5%, muy lejos del límite del 8 % fijado por la Unión Europea.
En defensa de su política de personal, la Administración autonómica aporta cifras acumuladas. Desde 2019 se han jubilado 21.827 funcionarios de carrera y, en ese mismo periodo, se han convocado 33.224 plazas en oposiciones docentes.
"Los datos muestran a las claras la estabilización de plazas", subrayan. Además, respecto a 2018, Andalucía cuenta con más de 10.000 funcionarios de carrera adicionales y prevé una nueva convocatoria en 2026 que elevará el total hasta las 40.000 plazas. Con estos argumentos, la Junta concluye que Andalucía dispone de “la plantilla docente más estable y mejor retribuida de su historia”.
