El colectivo Marea Verde ha emitido un comunicado en el que denuncia el recorte de una unidad en 1º de la ESO en un centro público de Conil por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Cádiz. La plataforma señala que así se "obliga al alumnado a matricularse en un centro religioso".
Según explica el colectivo, al menos siete alumnos y alumnas que habían solicitado plaza en 1º de la ESO en el instituto público Los Molinos de Conil durante el procedimiento extraordinario de admisión celebrado en julio han recibido notificación de la Delegación Territorial en la que se les informa que son escolarizados en el colegio privado concertado Jesús, María y José, de carácter religioso.
"La justificación dada a las familias es que el IES Los Molinos ha completado sus cuatro unidades de 1º de ESO en el procedimiento de escolarización ordinario, teniendo ya 30 alumnos/as en cada una. Sin embargo, este instituto contaba hasta este curso con 5 unidades de 1º de ESO, por lo que el objetivo de la Delegación Territorial es recortar una unidad del instituto público y salir en auxilio de un colegio privado que tiene escasa demanda", apunta Marea Verde en su comunicado.
Para el colectivo, el número de solicitudes recibidas en el procedimiento extraordinario "justifica sobradamente" el mantenimiento de las cinco unidades de 1º de ESO en el centro en cuestión. Con ello, se conseguiría además "reducir la ratio y mejorar la calidad educativa". Recuerdan, asimismo, que "la normativa educativa andaluza contempla la posibilidad de aumentar en un 10% el número de alumnado máximo por unidad, es decir, de 30 a 33, para atender alumnado de incorporación tardía. Este es el caso de varias familias, que por motivos laborales cambian ahora su residencia a Conil y no pudieron participar en el procedimiento de escolarización ordinario".
Por ello, para Marea Verde no existe justificación "para derivar a un centro educativo privado alumnado que la escuela pública puede y debe atender". Y remarca: "salvo que el verdadero interés de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sea ayudar a sostener el negocio de las empresas privadas del sector educativo".
Para el colectivo, no obstante, lo más grave para las familias es "que se escolarice a sus hijos e hijas en un centro religioso, en contra de su voluntad y de su elección". Con ello, desde Marea Verde consideran que la delegada territorial pretende "condenar al alumnado a un adoctrinamiento religioso contrario a las convicciones de sus familias", una situación que califican de "muy grave". "Se están vulnerando el derecho constitucional a la libertad religiosa, consagrado en el artículo 16.1 de la Constitución Española, así como 'el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones', y que los poderes públicos tienen el deber de garantizar tal y como establece el artículo 27.3 de la Constitución Española".
Marea Verde solicita así a la delegada territorial "que rectifique este atropello y garantice las plazas en centros públicos a todo el alumnado que lo haya solicitado".
