Una sentencia dictada en Los Ángeles ha sacudido el debate global sobre el papel de las redes sociales. Un tribunal ha obligado a Meta y YouTube a indemnizar a una joven que desarrolló una conducta adictiva, poniendo el foco en un modelo de negocio que, según los expertos, “se basa en crear adicción”. La demandante, de 20 años, recibirá una compensación de tres millones de dólares después de que un jurado determinara que se volvió adicta a las redes sociales durante su infancia.
Como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas. Este fallo no es un caso aislado. En Estados Unidos, otra resolución en Nuevo México también declaró culpable a Meta por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y por prácticas que facilitaban la explotación sexual infantil, lo que derivó en una multa de 375 millones de dólares.
Un modelo de negocio bajo sospecha
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot Reina advierte de que los efectos de las redes sociales requieren una respuesta interdisciplinar. Según explica, las plataformas generan dependencia no solo entre menores, sino en el conjunto de la población.
El experto señala que esta situación está relacionada con el uso de algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso, lo que favorece una adicción estructural al entorno digital.
En este contexto, la sentencia estadounidense abre un escenario de reflexión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas y sobre la posible evolución de los marcos legales en distintos países.
Guichot subraya que este tipo de demandas podrían prosperar también en otros sistemas jurídicos si se demuestra que la adicción ha provocado daños en la salud, como ha ocurrido en este caso.
Europa estudia cómo responder al impacto
Desde el punto de vista europeo, el experto destaca que ya existe una base normativa que permite actuar frente a estos riesgos. Se refiere al reglamento de servicios digitales de 2022, cuyo objetivo es garantizar un entorno digital seguro mediante la detección de riesgos sistémicos, especialmente en menores y en la salud psíquica.
A esta normativa se suma el reglamento sobre identidad digital europea de 2024, que prevé la creación de una cartera digital universal, fiable y segura. Esta herramienta permitiría introducir medidas de trazabilidad sin eliminar el anonimato, lo que dificultaría prácticas como el acoso o el fraude.
“La solución europea no obliga a eliminar el anonimato a quien no quiera hacerlo, pero sí establece medidas de trazabilidad”, explica Guichot, quien considera que se trata de una “opción intermedia” que impide mentir en aspectos como la edad.
Aunque la sentencia de Los Ángeles “no obliga a nada en Europa”, el catedrático considera que plantea cuestiones clave sobre el futuro de la regulación de las plataformas digitales. En este sentido, las grandes tecnológicas están sujetas al control de la Unión Europea y pueden enfrentarse a auditorías y sanciones que podrían alcanzar hasta el 6 % de su facturación en el continente.
Medidas para frenar la adicción digital
Entre las posibles soluciones que se plantean en el ámbito europeo figuran cambios en el diseño de las plataformas. Entre ellos, la prohibición del “scroll” infinito, la incorporación de advertencias sobre el uso excesivo o la eliminación de la reproducción automática de vídeos. Estas medidas buscan limitar el impacto de un sistema que, según Guichot, presenta un “riesgo sistémico” al estar concebido para generar dependencia a través de su funcionamiento y sus algoritmos.
El debate, por tanto, trasciende el caso concreto y abre la puerta a un replanteamiento del papel de las redes sociales en la sociedad actual, así como de los mecanismos necesarios para proteger la salud mental de los usuarios.