El sindicato Ustea ha reclamado a la Junta de Andalucía que revise el actual Decreto de Escolarización y abra de nuevo la negociación sobre esta normativa. La organización sindical sostiene que las modificaciones planteadas por el Gobierno andaluz no se limitan a reducir trámites administrativos, sino que refuerzan un modelo que perjudica a la escuela pública y beneficia a la enseñanza privada concertada.
La crítica se trasladó al Consejo Escolar de Andalucía, donde Useta expresó su rechazo a los cambios propuestos sobre el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, que regula el proceso de admisión del alumnado en los centros educativos andaluces.
Desde el sindicato insisten en que es necesario reabrir de forma inmediata la negociación en la Mesa Sectorial para abordar una revisión completa de la normativa. Según defienden, el decreto vigente desde 2020 ha tenido consecuencias directas en el sistema educativo: cierres de unidades en centros públicos y consolidación de un modelo cada vez más mercantilizado.
Ustea insiste en que esta normativa ya generó un amplio rechazo en la comunidad educativa cuando se aprobó. De hecho, ese descontento derivó en la huelga educativa del 4 de marzo de 2020. Seis años después, sostienen, la Junta mantiene la misma línea política con cambios que no corrigen los problemas del sistema.
El sindicato señala especialmente el uso de conceptos como la “demanda social” o la “libre elección de centro”, que, a su juicio, se utilizan para justificar una planificación educativa que favorece a centros privados financiados con fondos públicos. Según Ustea, esta situación no solo desvía recursos hacia intereses privados, sino que incrementa la segregación del alumnado.
Además, advierten de que estas políticas también afectan al profesorado. La reducción de unidades públicas provoca supresiones y desplazamientos de puestos de trabajo, así como una menor oferta de vacantes para el personal interino.
El sindicato también pide derogar el punto que otorga la máxima puntuación por proximidad tanto a centros públicos como concertados. En su opinión, esta medida distorsiona el criterio de cercanía y facilita que los centros concertados capten alumnado de varias zonas escolares, mientras que los centros públicos quedan vinculados a su entorno inmediato.
Otro de los aspectos criticados es la desaparición de la matrícula fuera de plazo, una modificación que, según USTEA, permitirá escolarizar alumnado superando hasta en un 10% la ratio máxima del aula sin causa justificada, lo que contradice el discurso de la Consejería sobre la reducción de ratios.
Ante este escenario, el sindicato defiende que solo una revisión profunda del Decreto de Escolarización permitirá frenar la mercantilización del sistema educativo andaluz y garantizar una planificación que priorice la escuela pública como eje del derecho a la educación.
