La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presentó este jueves el nuevo decreto de universidades a las comunidades autónomas, que pondrá coto a la creación de nuevos centros privados.
El Real Decreto pone en el radar esa explosión de crecimiento de la privada. Porque aspiran a cubrir nuevas demandas, especialmente de títulos superiores, tanto de alta formación como habilitantes para ejercer (profesorado, abogacía...), en modalidad online, híbrida o solo presencial. También, un nicho en grados cuya nota de corte tras la Evau es muy alta. El Gobierno defiende que todo crecimiento debe realizarse con un estricto control de calidad.
En lista están 10 nuevas propuestas de creación de universidades en territorio nacional, que deberán contar con un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o, en su defecto, con los informes de las agencias autonómicas.
El actual proyecto de Real Decreto incluye 57 alegaciones de instituciones universitarias, organizaciones estudiantiles y comunidades autónomas. Pero hay una problemática y es que las comunidades tienen competencias en el asunto.
Temor a la retroactividad y a la invasión de competencias
Desde Andalucía, no ha tardado en surgir el temor a que se invadan competencias, toda vez que en el último año han sido cuatro nuevas privadas y otra más desde que el PP llegó al Gobierno.
Ramón Herrera, secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, denunció a través de una nota de prensa del Gobierno andaluz que el proyecto de ley infringe lo que considera principios constitucionales y vulnera la seguridad jurídica. La Junta ha solicitado al Gobierno central que negocie la modificación de este decreto, ya que algunos puntos invaden áreas de decisión que corresponden a las comunidades autónomas, sobre todo en lo que respecta a la creación de universidades privadas.
La Junta considera que algunas medidas propuestas son arbitrarias y desproporcionadas, y que el Real Decreto se extralimita al imponer requisitos adicionales, como informes vinculantes de ANECA, para la creación de universidades online. Este requisito podría anular las decisiones de las comunidades autónomas que ya cuentan con sus propias agencias de evaluación de la calidad.
Además, el procedimiento de tramitación de urgencia y el corto plazo de audiencia pública también levantan críticas. Y se abre un espacio polémico: la retroactividad de ciertas disposiciones transitorias del decreto, que afecta incluso a proyectos de universidades que ya tenían informes favorables.
En cuanto a las universidades online, la Junta también se ha manifestado en contra de que el Gobierno central regule las universidades con características especiales, como las de modalidad híbrida o virtual.
Según los nuevos requisitos del Real Decreto, cualquier universidad de estas características debería ofrecer más del 80% de sus actividades en modalidad online, lo cual, según Andalucía, no tiene justificación legal ni académica. Además, la Junta criticó que este tipo de universidades quedaran bajo el control estatal, obviando las competencias autonómicas.