La empresa Ares Capital, propietaria de la mayor parte de las autorizaciones de alquiler de coche con conductor (VTC) con las que Uber opera en Andalucía, con base en las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla, inició el pasado 5 de octubre un periodo de consultas con los representantes de las personas trabajadoras en base al artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, tras comunicar el traslado colectivo a Madrid de la totalidad de su personal en Andalucía, 400 empleados y empleadas.
Para el sindicato CCOO, esta decisión constituye "un ERE encubierto y a su vez un doble fraude laboral y a la ciudadanía, ya que permitiría a la empresa no tener que devolver las exoneraciones recibidas por el ERTE Covid-19, ni las bonificaciones a la contratación". Cabe recordar, han afirmado en una nota de prensa, que "este es un sector que ha dado empleo a trabajadores y trabajadoras de colectivos infraempleados cuyas contrataciones han supuesto numerosas mejoras en la cotización de la empresa".
El sindicato ha solicitado por escrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, como autoridad laboral en la comunidad, que fiscalice esta decisión empresarial “que pretende acabar con el empleo de 400 familias andaluzas por la vía de un traslado a Madrid que muy pocos van a poder afrontar”.
En ese sentido, la central apostilla que “precisamente el destino de ese traslado supone en estos momentos uno de los mayores focos de contagio de Covid-19 en nuestro país y está sufriendo restricciones a la movilidad con un estado de alarma declarado, de manera que aún resulta más complicado entender que la actividad de la empresa en esa comunidad vaya a requerir de 400 efectivos más de los que ya hay, que además están aún con un ERTE por Covid en desarrollo”.
Comentarios