La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas que ya bloqueó buena parte de la distribución en marzo pasado, ha anunciado este pasado lunes un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo.
El sector alimentario y de la distribución ha reaccionado inmediatamente reclamando medidas desde ya al Gobierno para evitar el riesgo real de desabastecimiento en los supermercados. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), así como asociaciones empresariales —como Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España o FIAB— y representantes de la cadena alimentaria y hostelería, han reclamado que se garantice "la seguridad y el abastecimiento" de productos y materias primas ante los nuevos paros convocados.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este mismo lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación de "desgastarse" y aportar "soluciones" que eviten la huelga de transportistas que, según ha dicho, puede volver a afectar negativamente al resto de los sectores de la economía.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido su "preocupación" ante otra posible huelga en el sector del transporte y ha apelado a la "responsabilidad" del colectivo para que no convoquen paros de nuevo, asegurando que el Gobierno de Sánchez está abierto al diálogo para resolver los "pequeños desajustes" que puedan existir.
Paro indefinido del transporte
Manuel Hernández, presidente de la plataforma, ha dado a conocer el resultado de la votación que han llevado a cabo este pasado fin de semana en sus delegaciones provinciales sobre la reanudación del paro.
El pasado sábado, sus delegados provinciales mantuvieron una reunión en la que analizaron la situación actual del sector, tras las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Entre estas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
Sin embargo, la Plataforma ha seguido denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.
Por ello, los delegados decidieron el sábado pasado reanudar los paros, una decisión que este fin de semana se ha votado y que ha sido refrendada por los miembros de la Plataforma.
"La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir", ha señalado Hernández en rueda de prensa este lunes, quien ha puesto el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores.
"Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen", ha denunciado.
Para Hernández, los "pequeños desajustes" en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno "son muertes laborales", y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes. "No tenemos tiempo. Cada día que pasa se producen tragedias empresariales, pero también familiares, porque está llegando a haber casos de suicidios", ha advertido.
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