El 27 de julio saltaba la bomba. “Hay una noticia de Rumasa”. “¿De Nueva Rumasa?”. “No, no, de Rumasa Rumasa, la de siempre, la antigua”, se oyó en más de una redacción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitía una sentencia que obliga al Estado a recalcular el valor de las empresas del holding de la abeja y a determinar, cuarenta años después de la expropiación –justo cuando los primeros millennials empezaban a decir mama y papa, sin acento- el justiprecio de todas y cada una de empresas que conformaban el grupo del que era accionista mayoritaria la familia Ruiz-Mateos.
El TSJM daba así la razón a Teresa Rivero, viuda de José María Ruiz-Mateos, al estimar su recurso contra la decisión del Ministerio de Hacienda de no determinar ese justiprecio “definitivo” que previamente solicitó la propia señora Rivero en su nombre y en el del resto de accionistas minoritarios, para que se tuviera en cuenta el valor de todas y cada una de las acciones y participaciones sociales del grupo empresarial.
El día que se conoció esta sentencia, la familia Ruiz-Mateos emitió un breve comunicado en el que los hijos de José María Ruiz-Mateos señalaban que su voluntad “es poner el justiprecio a disposición de los perjudicados por las emisiones de pagarés que decidió su padre” a fin de que puedan cobrar sus créditos. Los hijos de Ruiz-Mateos van a ser juzgados por la Audiencia Nacional por estos hechos. Obviamente, estamos hablando de los pagarés de Nueva Rumasa, tema que absolutamente nada tienen que ver con Rumasa y su expropiación.
Ni Alfonso Ruiz-Mateos ni el abogado de la familia han querido añadir nada al comunicado emitido el día de la última sentencia
Este medio ha podido contactar con el abogado de los hermanos, Juan Manuel García Gallardo, que evitó realizar cualquier declaración que se saliera del comunicado enviado días atrás, si bien en la comunicación telefónica incidió en el tema de que cualquier indemnización estaría ligada a afrontar los pagarés. Este cronista también pudo cruzar un par de whatsapp con Alfonso Ruiz-Mateos, que agradeció el contacto, pero tampoco accedió a hacer una declaración formal sobre el alcance de esta sentencia y las perspectivas que se abren después de la misma. Todo es cautela, como se ve, en la familia Ruiz-Mateos, en las antípodas de otras ocasiones en las que su presencia en los medios de comunicación formaba parte de su estrategia de defensa (y de ataque).
¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Pues lo más probable es que el tema siga judicializado, ya que cabe esperar que el Ministerio de Hacienda acuda al Tribunal Supremo. Si el Supremo admite el tema y emite una posterior sentencia, el lector debe tener en cuenta que aquí y ahora se está hablando únicamente de la fijación de los justiprecios, no de su cuantía. Si el Ministerio los fijase y la familia Ruiz-Mateos no estuviera de acuerdo con los mismos, vuelta a empezar, así que no sería extraño sumar otro buen tropel de años a los cuarenta que, de una manera u otra, el pleito permanece vivo pese a que el Estado disolvió y liquidó en 2015 lo que quedaba del holding.
Hay que tener en cuenta que la familia Ruiz-Mateos estima en más de 13.700 millones de euros (así figura en el comunicado) el valor del holding de la abeja en el momento de la expropiación, mientras que la Dirección General de Patrimonio del Estado entiende que se está hablando de ‘cosa juzgada’ y cifra el valor del grupo en 0 euros, ateniéndose a las sentencias que se han ido emitiendo a lo largo de estos cuarenta años, incluso por parte del Tribunal Supremo. Más allá de los 0 euros de Patrimonio está la opinión de la Abogacía del Estado, que recuerda que ya se fijó, también por sentencia del Supremo, que el valor neto patrimonial negativo del holding en el momento de su expropiación era de 260.000 millones de pesetas (es decir, -1.560 millones de euros).
A este cronista no le gusta mucho la expresión ‘amplia gama de grises’, pero entre -1.560 millones de euros y 13.700 millones de euros estima que su uso, por una vez, sí es acertado.
Como se ha expresado más arriba, todos estos hechos se producen ni más ni menos que cuarenta años después de que el primer gobierno de Felipe González procediera a la expropiación de Rumasa (Ruiz-Mateos SA), el 23 de febrero de 1983, un día de auténtico pánico en Jerez y en la madrileña plaza de Colón, con miles de puestos de trabajo en juego y decenas de directivos sin saber bien qué hacer. En Jerez no hay apenas calefacciones, pero dicen, ya al borde de la leyenda, que ese día invernal parecía una ciudad del norte, debido a la humo de los papeles que se quemaron.
El Ejecutivo socialista nacionaliza Rumasa atendiendo a un criterio de “utilidad pública e interés social”, tal y como recoge el BOE. ¿Por qué? Por la opacidad de todo lo relacionado con las empresas del holding, desde su propio número (su suponía que eran poco más de 200 y finalmente aparecieron unas 700, dado el número de ‘sociedades pantalla’ que había y con las que no se contaba) hasta el ‘circuito cerrado’ con el que se financiaban las empresas, ya que acudían a los propios bancos del grupo y a su vez figuraban entre sus principales clientes. Conclusión del gobierno, conclusión del ministro Miguel Boyer: quiebra técnica. Pero una decisión de esta envergadura –estamos hablando de que el grupo en el momento de la expropiación tenía del orden de 65.000 empleados- no se toma sin que intervenga la política. El socialista fue el primer Gobierno en el que Ruiz-Mateos no tenía apoyos en el gabinete, e incluso el Opus Dei, al que perteneció hasta 1986, le recomendó que pactara y luego se puso de perfil en el momento de la expropiación. Es evidente que Rumasa se consideró ‘caza mayor’ por los socialistas, un golpe de imagen muy potente justo un par de años después del intento de golpe de estado de Antonio Tejero (dejémoslo ahí).
El 'contrato del siglo' o 'de las tres cartas' con la bodega de vinos de Jerez John Harvey fue el comienzo de todo
Todo comenzó para José María Ruiz-Mateos, un profesor mercantil roteño radicado en Jerez, en 1961, año en que echa a andar Rumasa. En realidad, fue un poco antes, cuando consigue el contrato de llenado de la bodega Harveys, en lo que se conoció como 'el contrato de los 100 años', 'del siglo' (en realidad eran 99) o de 'las 33 cartas', ya que se dice que ese fue el número de misivas que el joven empresario en ciernes envió a la compañía inglesa (en un inglés al principio rudimentario, luego cada vez mejor) hasta que consiguió dicho contrato, que ascendía a la impresionante cifra de 96.000 botas anuales, 48 millones de litros (tenga en cuenta el lector que el sector del vino de Jerez se mueve actualmente en 27,4 millones de litros, a datos 2022, lo que da una idea del volumen que se movía por entonces y de la importancia del mismo).
Ese contrato fue el gran espaldarazo, ya que era un aval potentísimo ante los bancos. Ahí arrancan las compras de empresas y un crecimiento exponencial durante los años 60 y 70, exprimiendo al máximo el desarrollismo de esos años y las ventajas del Régimen. Decimos bien con “empiezan las compras” ya que la estrategia empresarial de José María Ruiz-Mateos, con excepciones, siempre se ha basado más en la compra de empresas en apuros o que aparecían como una oportunidad que en la creación de empresas de nuevo cuño.
Bodegas, bancos, hoteles... pero también empresas como Galerias Preciados o Loewe
En muy poco tiempo, Ruiz-Mateos forma un imperio del que solo vamos a reproducir alguno de los nombres más llamativos por sectores. Lo habitual es decir hoteles e inmobiliaria (Hotasa y las propias Torres de Jerez, luego de Colón), bancos (Banco Atlántico), alimentación y bodegas (Federico Paternina, Williams & Humbert, BISA), pero nos dejaríamos atrás nombres clave de la época, como Galerías Preciados, Mantequerías Leonesas y Loewe, la firma de moda especializada en cuero de nombre mundial.
Y así, con el crecimiento y adquisición o creación de estas 200 empresas –o 700, si tenemos en cuenta las ‘empresas pantalla’- volvemos al 23 de febrero de 1983 y a todo lo que vino después: A la fuga a Alemania y a Londres de José María Ruiz-Mateos; a su extradición; al Estado contra Ruiz-Mateos; a Ruiz-Mateos contra el Estado; a una reprivatización troceada con signos evidentes de que muchas cosas se hicieron mal por parte del Gobierno; a la condena por alzamiento de bienes y apropiación indebida; a la cárcel; a Superman; a “yo te pego, leche” y vaya si lo hizo; a su elección como eurodiputado tras crear la Agrupación de Electores de José María Ruiz-Mateos (que para qué andarse con siglas); a los primeros pasos de Nueva Rumasa, sin duda con el apoyo de dinero procedente de paraísos fiscales; a “yo te pego, leche”, ahora como eslogan de unos bombones; al Rayo Vallecano; al crecimiento de Nueva Rumasa, a la emisión de pagarés… y vuelta a empezar. Son temas en los que el personaje público –el icono de los 90, como lo ha definido por ahí alguno de los que usa la palabra ‘icono’ o ‘icónico’ como diez veces al día- acaba devorando su propia causa, y el empresario, no se nos pase por alto, volviendo a malos hábitos.
Un empresario, que siempre tuvo relativamente buen cartel entre los trabajadores porque, efectivamente, no le gustaba despedir y prestaba atención a ciertas ventajas sociales -no desde un punto de vista socialista, no se despiste nadie, sino de 'gran familia'-, respeto que nunca se ganó ni en Jerez ni en Madrid, donde siempre se le vio como un outsider (por no decir advenedizo).
La expropiación de Rumasa ha generado unos 1.500 procedimientos judiciales y administrativos
Por medio quedan, se dice pronto, unos 1.500 procedimientos judiciales y administrativos, de lo que, sin duda, los más importantes, el momento en que parecía que Ruiz-Mateos podía recibir algún tipo de indemnización, fue la ‘cascada’ de sentencias de justiprecios sobre las empresas que se comenzó a dar a mediados de los 90 (había días de dos y tres sentencias) en las que el juez solía decir, sobre la mayoría, que, efectivamente, esa empresa estaba despatrimonializada, que no valía nada, pero sobre otras sí decía que tenían valor. Aquello quedó en nada, y ahora, cuarenta años después de la expropiación y casi treinta años de que quedara claro que la ‘veta’ legal para conseguir alguna indemnización estaba en los justiprecios, Teresa Rivero y sus hijos, los hermanos Ruiz-Mateos, vuelven del pasado.
“Hay una noticia de Rumasa”… “¿De Rumasa?, querrás decir Nueva Rumasa”… “No, no, de Rumasa, de la antigua”, va a seguir oyéndose en las redacciones.
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