Los pequeños, medianos y grandes productores de algodón en la provincia tienen la posibilidad de actuar contra el pacto de los grandes grupos –desmotadoras y procesadoras– para pactar los precios a la baja en contra de los intereses de recolectores, autónomos y cooperativas.
El despacho de abogados Redi prepara ya una demanda conjunta con el respaldo de casi mil algodoneros. Por el momento. Más del 90% de este sector agrícola es andaluz, especialmente ubicado en las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba. El destinatario de estas denuncias administrativas sería el llamado "cártel del algodón".
Los demandantes y sus representantes llaman directamente "cártel" a los integrantes de “un acuerdo secreto entre las principales empresas desmotadoras de algodón. Intercambiaron información confidencial y comercial sobre los precios en bruto. Para, de ese modo, pagar de menos a los productores”.
El conflicto se remonta al 2011, cuando la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) denunció a las principales procesadoras andaluzas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Les acusaba de haber pactado a la baja los precios de compra del algodón en perjuicio de grandes, pequeños y medianos productores, de los recolectores. Esa situación no fue ocasional. Se prolongó durante ocho años, de 2004 al 2012, nueve campañas completas.
En 2013, la CNMC sancionó a las desmotadoras con una multa de un millón de euros. Las grandes empresas recurrieron y tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo confirmaron su responsabilidad. La sanción queda considerada como "firme".
Esta resolución crea una situación nueva: los grandes productores, como los medianos y pequeños recolectores, autónomos o cooperativistas pueden reclamar el dinero que les habría sido hurtado con unos precios artificialmente bajos. Además, pueden exigir esas cantidades con intereses.
Albert Poch, letrado de Redi Abogados y responsable de esta demanda conjunta, está liderando reuniones informativas por toda Andalucía. La situación podría llegar a afectar a 7.000 agricultores, tanto como responsables empresariales como cooperativistas o autónomos. Aún no son conscientes de la situación. No saben que les deben dinero.
"La mayoría de los afectados no sabe que tiene derecho a pedir una indemnización y con intereses. Nosotros les informamos de la posibilidad y luego ellos eligen si reclaman o no", afirma Poch. En estas asambleas, "hasta el 90% de los asistentes" se interesa en reclamar una vez que conoce la posibilidad.
Los afectados en Andalucía podrían ser 70.000 y la mayoría no sabe que tiene derecho a reclamar
Las reuniones y el plazo de incorporación de posibles afectados a esta demanda conjunta se prolongarán hasta el último día de mayo de 2024.
El desconocimiento o la resignación son los mayores obstáculos que están encontrando los abogados. Una mayoría de los algodoneros ignora la opción de reclamar o cree que la multa impuesta a los grandes grupos del "cártel" por amañar precios ya supone el final del proceso.
El abogado resalta como agravante que, tanto en el sector del algodón como en el de la leche, "estos cárteles son reincidentes. Las multas impuestas en los últimos años ya son las segundas sanciones. Hubo otras, similares, años atrás, con lo que se demuestra que no es una actuación aislada. Es su forma de hacer negocios, en perjuicio de los agricultores, los recolectores o los ganaderos".
Los algodoneros tienen derecho a reclamar a las grandes empresas responsables del cártel una indemnización por daños y perjuicios. El montante sería equivalente al precio que dejaron de percibir más los intereses. Este añadido será mayor cuanto más se retrase el pago "porque hay que actualizar los precios que se pagaron. En algunos casos, tienen fecha de 2004, 2005 ó 2006".
Un recolector medio, con diez hectáreas, puede llegar a exigir más de 60.000 euros con los intereses de actualización ya incluidos
Los demandantes, los agricultores o los grandes y medianos empresarios a los que se habría causado merma económica con el pacto de precios son muy distintos. "Hay algunos que manejan 50 hectáreas y otros con 5, el tamaño de las empresas o cooperativas perjudicadas varía mucho según los casos", afirma.
Cantidades y plazos
Como referencia, como ejemplo y caso medio, Poch menciona a un recolector que tenga "diez hectáreas podría haber vendido unos 3.000 kilos en una campaña. Como la cantidad que le quitaron fue de unos diez céntimos por kilo, al multiplicar por cantidad y temporadas hablaríamos de una indemnización de entre 25.000 y 30.000 euros. Sin contar los intereses de actualización que pueden duplicar o triplicar esa cantidad final. Depende de la fecha en la que se pague".
El abogado admite que el proceso de recuperación del dinero hurtado puede ser largo, prolongarse años, puesto que las grandes empresas pueden recurrir, pleitear, cada solicitud de indemnización. Con todo, dados los precedentes de la CNMC, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, las demandadas parecen abocadas a tener que pagar a los algodoneros con toda probabilidad.
Otra opción, que Poch considera muy lejana, sería un acuerdo entre los demandantes y los demandados para fijar en pocos meses unas cantidades de indemnización que pueden ser mucho más altas, según corran los intereses, dentro de cuatro, de seis años.
Las empresas sancionadas en su día por pactar precios a la baja, según Redi Abogados, son Algosur, Coalsa, Indesa, Dafisa, SurCotton (con su matriz EuroSemillas) y Comasa (con su matriz Agrícola Conagralsa). Las dos últimas se han fusionado y se llaman ahora Las Lomas.
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