La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido este lunes en el Congreso para dar explicaciones ante la subida exponencial del precio de la luz, que cosecha ocho máximos históricos durante este mes de agosto. La ministra ha anunciado cambios en la tarifa regulada PVPC para tratar de estabilizar la factura de la luz pero descarta una intervención pública directa para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, tal y como le demanda su socio de coalición, Unidas Podemos.
De esa forma, Ribera ha subrayado que existe una "prohibición expresa" en el derecho comunitario para fijar precios en los mercados mayoristas, establecer precios máximos o mínimos y también la obligación de aplicar precios marginales. "Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", explica la vicepresidenta tercera, que cree que "eso es lo peor que se puede hacer".
Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno dará "batalla política" en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, aun a costa de los beneficios de las compañías. Es en este ámbito donde ha encuadrado el Fondo Nacional de Sostenibilidad y los mecanismos aprobados para rebajar los llamados beneficios caídos del cielo. Ambas medidas acaban de iniciar su tramitación en el Congreso y Ribera, que ha instado a los grupos a agilizar su aprobación, las ha defendido como "medidas valientes" por abordar los beneficios de las empresas en beneficio de los consumidores.
Tras las críticas de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que ha recordado que en Francia se limita el precio a la energía nuclear, ha concedido que es una propuesta "atractiva conceptualmente", pero cree que "no es comparable al caso francés", y que en este caso responde al régimen de competencia de EDF en la explotación de estas centrales y, por tanto, se trata de una medida "de competencia".
Respecto a los cambios en la tarifa regulada, ha apostado por reducir su "dependencia de un mercado volátil como el mayorista" y, para ello, ir "integrando cestas de indicadores más estables" con el fin de propiciar "horquillas de precios más estables, menos volátiles". "Estamos abiertos a hacerlo", ha dicho. En todo caso, ha señalado que la tarifa regulada PVPC sigue siendo una opción más barata que las del mercado libre -un 20% más-, pese a que la evolución del mercado mayorista la ha encarecido un 6,9% en la primera mitad de año y, por contra, el mercado libre ha caído en este período un 4,6%.
Según los datos ofrecidos por la vicepresidenta tercera, el promedio pagado por un consumidor de tarifa regulada fue en 2018 de 598 euros; 562 euros en 2019; 512 en 2020 y, revirtiendo esta tendencia descendente, se proyecta un precio récord de 644 euros para este año, lo que supone una electricidad 25% más cara respecto al año anterior. Sin embargo, ese aumento, ha reflexionado la vicepresidenta, no es equivalente al del mercado mayorista, cuyo precio medio se ha triplicado respecto a 2020, o la evolución de factores como el coste del gas natural, disparado al multiplicarse por 5,5 su precio en un año, o los derechos de emisión de CO2, que son el doble ahora respecto a 2020.
"Dar la batalla" y crear una comisión para buscar las causas
Ante su rechazo a intervenir el mercado mayorista con precios fijos o máximos, Ribera ha apostado por "dar la batalla" en la Unión Europea para impulsar cambios regulatorios y en el mercado, y actuar en otros ámbitos. Uno de ellos es el de las interconexiones, reconociendo que España cuenta con un nivel de conectividad menor que otros países y que aumentarla supondría "diluir momentos más convulsos".
Respecto a la fiscalidad, ha celebrado el "impacto positivo" de las rebajas del IVA -del 21% al 10%- y la suspensión del Impuesto sobre la Generación a las eléctricas, de carácter temporal y que se alargarán durante todo el año. No obstante, ha rechazado la propuesta del PP de "esconder" los costes fijos en Presupuestos, y le ha recordado que fueron dos gobiernos 'populares' los que trasladaron a la factura eléctrica costes relacionados con el sistema eléctrico, en sus reformas de 1997 y 2013, decisiones que ha dicho compartir.
Por otra parte, la vicepresidenta ha admitido que esta situación de sucesivos máximos históricos en el precio de la luz responde a "cuestiones complejas para las que es fundamental tener un diagnóstico correcto".En ese sentido, cree que "seria una buena idea pensar en la posibilidad de una comisión parlamentaria de estudio", que trabaje de manera no permanente sobre el análisis del impacto de los precios, el modo de funcionamiento del sistema eléctrico español, y las posibles mejoras que pudieran acometerse.
Por último, ha agradecido a los grupos que propusieron este análisis en el seno del Parlamento y ha expresado la "total disponibilidad" de su Departamento para aportar la información y testimonios que se le reclamen. Sin embargo, lo que propusieron Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias no era tanto una comisión de estudio, sino una de investigación, con el objetivo de aclarar las causas de los máximos históricos de las últimas semana, averiguar si las eléctricas están manipulando los precios, depurar posibles responsabilidades y proponer medidas.
El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, explicó en su momento que esta comisión de investigación hace falta de manera "urgente" para conocer si "las grandes compañías manipulan los precios" y tener un "diagnóstico del sistema eléctrico". "Esta comisión busca soluciones, poner un poco de luz en un mercado muy oscuro", declaró.
Asimismo, invitó a que se escuche "a los que saben", a los "expertos" que forman parte del mercado eléctrico para ver "qué se puede hacer para bajar el precio de la luz que afecta tanto a personas particulares como a empresas". "Es un debate necesario donde deben opinar los expertos. Y los políticos, en lugar de hablar, deberíamos escuchar, intentar aprender, y legislar en base a lo que nos han dicho", defendió Baldoví.
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