Facua-Consumidores en Acción ha solicitado al Ministerio de Consumo que refuerce la legislación actual para impedir que empresas y particulares puedan incrementar precios aprovechando situaciones excepcionales como la tragedia ferroviaria registrada en Adamuz, en Córdoba. Un grave accidente que ha provocado la paralización del tráfico de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y un notable incremento de la demanda en los desplazamientos.
La organización recuerda que, tras la última reforma impulsada raíz de la dana de 2024, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ya prohíbe las subidas automáticas de precios en contrataciones online, siempre y cuando la situación haya sido declarada emergencia de protección civil. Se trató de una medida pensada para frenar abusos, pero que, según Facua, se queda corta ante episodios que generan vulnerabilidad aunque no encajen en esa categoría legal.
Durante los últimos días, numerosos consumidores han denunciado aumentos significativos en billetes y servicios de transporte. Se han detectado vuelos entre Madrid y Andalucía que superaban los 500 euros, además de trayectos en BlaBlaCar con tarifas duplicadas y creadas por usuarios recién registrados. Todo ello tras el accidente del pasado domingo, en el que el siniestro ferroviario dejó más de 40 fallecidos.
Una prohibición “insuficiente” y limitada
La organización subraya que la normativa vigente solo contempla la prohibición de estas prácticas cuando la situación está oficialmente declarada como emergencia de protección civil, tal y como recoge la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, este supuesto no se aplica al accidente ocurrido en Adamuz, pese a que ha provocado un evidente estado de necesidad en los desplazamientos hacia y desde Andalucía.
Por este motivo, la asociación considera imprescindible completar el Real Decreto Legislativo 1/2007, que recoge el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La propuesta plantea que en cualquier contratación, sea presencial u online, quede prohibido incrementar el precio cuando la demanda aumente por circunstancias de accidentes, urgencia, riesgo o necesidad, y que estas situaciones puedan generar vulnerabilidad en el consumidor.
Facua sostiene que esto implica modificar el artículo 20, donde actualmente se limita la prohibición a las contrataciones online y a escenarios declarados emergencia de protección civil. Un marco normativo “demasiado estrecho”, a juicio de la asociación, que deja huecos para que empresas y particulares especulen mientras los ciudadanos atraviesan episodios críticos.
