Detectan 1.800 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Andalucía

Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles advierten de un total de 1.796 casos de blanqueo en la comunidad andaluza en el primer semestre del año

Los registradores detectan 1.800 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Andalucía.
Los registradores detectan 1.800 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Andalucía.

Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles han detectado 1.796 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Andalucía en el primer semestre del año, todas ellas alertadas al Centro Registral AntiBlanqueo (CRAB). Las provincias orientales de la comunidad andaluza son las que registran la mayoría de los casos, según los datos del Colegio de Registradores de España.

Un total de 1.204 expedientes de casos detectados en Andalucía han sido enviados por los registradores de la propiedad al CRAB para que inicie una investigación, y de ellos, 622 provienen de la zona oriental de la región. Esta cifra pone a la comunidad a la cabeza de España por casos sospechosos de blanqueo.

Las alertas remitidas por los registradores de la propiedad suponen más del doble que las que llegan de los registros mercantiles, en el caso de Andalucía. Este hecho difiere de la tendencia general en España, donde los avisos de posibles blanqueos suelen estar relacionados con sociedades mercantiles o sujetos jurídicos.  

De los 592 casos que se han detectado en los registros mercantiles, 363 se distinguen en la zona oriental. Sin embargo son otras comunidades la que lideran esta modalidad, concretamente, Madrid, con 4.913 casos, y Cataluña, con 2.659 sospechas. 

El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España, que actúa con plena autonomía técnica, sin recibir instrucciones de los órganos de la organización colegial. Su misión es canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales.

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