La causa judicial abierta por el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema para permitir la construcción de un bloque de viviendas se salda con penas mínimas, principalmente por la "dilación indebida" del proceso. Han pasado 17 años hasta que se ha juzgado.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera ha condenado a los implicados en la conocida como operación Pinsapar a penas mínimas. "Los delitos de corrupción siguen saliendo muy baratos para los corruptos", lamentan desde Ecologistas en Acción, que denunció el caso.
El edificio inició su construcción con licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Grazalema en agosto de 2005, siendo alcaldesa María José Lara. Un bloque anterior colindante, de la misma promotora, y también ilegal, contó con licencia de su antecesor, Antonio Mateos.
En la sentencia consta, como hechos demostrados, que el técnico municipal Juan Prieto trabajaba en el despacho del arquitecto Antonio Sebastián del Canto, y fueron autores del proyecto de viviendas que invadían el cauce del río Guadalete, y que Prieto lo informó favorablemente, cobrando del estudio de arquitectura. Según la sentencia “este era el modo de proceder habitual del acusado Juan Prieto, quien reclamaba comisiones o regalos por informar positivamente las licencias de obras que entraban dentro de su ámbito de competencias”.
Raúl Gascón y Rafael Torres —de la familia propietaria del Getafe CF— eran los administradores de la empresa Inmocentrai RTS 2025 S.L., promotora de los dos bloques de viviendas ilegales. Uno se llegó a construir, pero con cuatro viviendas y varios garajes de más, sin que actuara el técnico municipal ni el entonces alcalde Antonio Mateos, pese a la visibilidad de la promoción ilegal en la plaza de La Asamblea.
La segunda promoción necesitó de la desviación del río Guadalete, sin que tampoco actuara el técnico ni la entonces alcaldesa María José Lara, pese a la enorme dimensión de la obra del río y del bloque de viviendas. Juan Prieto solicitó tanto al constructor como a los promotores 36.000 euros por no informar de las ilegalidades, recibiendo el soborno en especie, incide Ecologistas en Acción, con la demolición de una vivienda en ruinas que tenía en la Ribera del Gaidovar, y la construcción de una nueva de mayor superficie.
Otros dos procesados han sido Cristóbal David Barrera, administrador de la empresa constructora Dabasal S.L., y su hijo Daniel David Salguero, administrador de la empresa constructora Multiprof, que ejecutaron las obras de los bloques de vivienda en el río y de la vivienda ilegal de Juan Prieto.
"Los casos de corrupción en la oficina técnica del Ayuntamiento de Grazalema venían siendo denunciados por Ecologistas en Acción ante el Ayuntamiento desde 2002, pero Antonio Mateos y María José Lara, en vez de actuar contra la trama corrupta, decidieron emprenderla contra el denunciante, con amenazas a Juan Clavero y a su familia, que llegaron al extremo de, en vez de ordenar la demolición de los edificios ilegales, ordenaron la de la vivienda de Juan Clavero en Benamahoma", critica la entidad conservacionista.
"El PSOE, en vez de exigir responsabilidades políticas a ambos regidores por este grave caso de corrupción, lo que hizo fue amparar a ambos, y les facilitó —vía Diputación provincial— una defensa legal gratuita", agrega Ecologistas en Acción, que difundió el desvío del río Guadalete, del que Lara siguió defendiendo su legalidad.
La exalcaldesa, por el escándalo suscitado, terminó por paralizar las obras en octubre de 2005, lo que no evitó que fuera imputada junto a su tío y predecesor en el cargo Antonio Mateos. A pesar de que ambos aprobaron las licencias de obras ilegales y permitieron su ejecución, se levantó la imputación porque “desconocían lo que firmaban”.
Ecologistas asegura que los promotores y constructores se dirigieron a la alcaldesa para advertir que ya habían pagado la mordida al técnico para que se permitieran las obras ilegales, terminando este caso de corrupción en el juzgado de Ubrique en 2006. El caso ha tardado 17 años en juzgarse.
La senda recoge, para Juan Prieto, la pena de un año de prisión y multa de 16.762 euros y 50 meses y 15 días de inhabilitación para ejercer cargo público relacionado con el urbanismo por sendos delitos de prevaricación, cohecho activo continuado y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Antonio Sebastián del Canto, por delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo, ha sido condenado a cinco meses y medio de prisión, multa de 5.040 euros y 12 meses y 15 días de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la arquitectura. Cristóbal David Barrera, por sendos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo, a penas de cinco meses de prisión, multa de 8.040 euros y seis meses de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la construcción.
Rafael Torres y Raúl Gascón, por sendos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho pasivo, a penas de cinco meses de prisión, multa de 8.040 euros y 14 meses de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con la construcción y promoción. Para Daniel David Salguero se declaró la extinción de responsabilidad penal por prescripción. En todos los casos se suspenden las penas privativas de libertad.
Ecologistas en Acción recibe esta sentencia con un sabor agridulce. Por un lado, han quedado demostrados todos los hechos que denunciaron en su momento, y por los que fueron amenazados por los responsables municipales de Grazalema; por otro, las livianas penas y la tardanza en juzgarse ha llevado a la sensación de impunidad de los implicados.
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