Aunque las movilizaciones agrarias se vienen produciendo desde hace varios días, está previsto que este miércoles se celebre la mayor protesta de todas. En el paro y los cortes convocados para el 14 de febrero están implicadas las grandes organiaciones agrarias como Ajasa, COAG o UPA, un hecho que hasta el momento no se había producido ya que las protestas se habían convocado a través de redes por la Plataforma 6F.
A pesar de que hasta el momento el Gobierno andaluz había mostrado su apoyo a las reivindicaciones del campo, lo cierto es que en cada una de las declaraciones no terminaba de ser tajante, precisamente por la poca información que se conocía sobre quién estaba detrás de ellas. Varios miembros de la Junta de Andalucía han insistido en estas semanas en que apoyaban las protestas siempre que se comunicaran previamente y se realizaran por los cauces legales. Muchas de las que han tenido lugar hasta ahora no tenían autorización.
La del miércoles es diferente por la presencia de las organizaciones mencionadas. Por ello, el Ejecutivo de Juanma Moreno no ha dudado en posicionarse a favor de las protestas. De hecho, el Consejo de Gobierno celebrado este martes en San Telmo ha aprobado una declaración institucional en la que se suscriben las reivindicaciones de agricultores y ganaders y se incide en la importancia del sector para la economía andaluza.
La declaración es realmente amplia y pide al Gobierno y a la UE que se cumpla la regulación de la cadena de valor agroalimentaria o que se lleven a cabo controles exhaustivo con los productos extracomunitarios. Al mismo tiempo, la Junta solicita sumplificación en los procedimientos administrativos para facilitar el día a día al personal del campo. También hay una importante crítica a la PAC recientemente aprobada.
"El Gobierno de Andalucía considera que estas actuaciones permitirán reforzar la sostenibilidad y competitividad del sector agroalimentario, permitiéndole afrontar los importantes retos futuros y contribuyendo así a fortalecer la seguridad alimentaria y la generación de riqueza y empleo en nuestra comunidad, acciones que deben implementarse en estrecha colaboración con el sector, con el que manifestamos nuestra intención de seguir trabajando de manera consensuada", señala la declaración.
Sin embargo, la principal medida que la Junta de Andalucía ha puesto este martes sobre la mesa tiene que ver con beneficios fiscales a agricultores y ganaderos. Una propuesta que llega pocas horas antes de que el campo vuelva a salir a protestar y esté previsto el corte de las principales carreteras del país y los accesos a las grandes ciudades de España.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que actúe como intermediario para que el Gobierno de España realice una rebaja de un 50% para los agricultores en IRPF. El porcentaje ascendería al 75% en lo que respecta a los ganaderos.
La Administración autonómica estima que "esta petición ha sido consensuada con los miembros de la Mesa de Interlocución Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarios de Andalucía".
El Gobierno andaluz esgrime que su propuesta se apoya en unas pérdidas generalizadas del sector de un 42%, que ha atribuido a los elevados costes de producción, "que han llegado a superar el 115% debido al aumento de la electricidad, fertilizantes o alimentación en el ganado, la alta inflación y, por supuesto, el conflicto armado en Ucrania".
El informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural recoge también la posibilidad de plantear situaciones particulares en determinados cultivos y municipios de Andalucía que, por su especial situación, cuentan con un tratamiento específico y una solicitud de rebaja de módulos aún mayor.
Se tratará de localidades donde al menos el 30% del rendimiento a nivel municipal se ha visto afectado por diversas razones que han repercutido en la rentabilidad de sus explotaciones en 2023.
En estos casos, la Junta de Andalucía formulará peticiones adicionales de reducción del índice de rendimiento neto que oscilarán entre el 65% y 95%, según los datos de las estadísticas agrarias y de informes elaborados por las delegaciones territoriales de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en las diferentes provincias
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