La Junta no exigirá evaluar el impacto ambiental de un proyecto si afecta "a la finalidad del proyecto"

AxSí está dispuesta a recurrir legalmente la anulación de esta obligatoriedad si el Consejo de Gobierno andaluz lo estima oportuno. "Hay que detener este atropello y atentado a nuestro patrimonio natural", advierte Modesto González

Una persona contempla las consecuencias de Emma en 2018. FOTO: JUAN CARLOS TORO
Una persona contempla las consecuencias de Emma en 2018. FOTO: JUAN CARLOS TORO

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ha anulado la obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental de cualquier proyecto que estimen oportuno, lo que de facto supone un “coladero” absoluto". Así de contundente se ha mostrado Modesto González, coordinador nacional de Andalucía Por Sí y alcalde de Coria del Río, al afirmar que su formación política estudiando fórmulas legales para recurrir y detener este "atropello y atentado a nuestro patrimonio natural".

Según denuncia, el Ejecutivo andaluz ha aprobado una modificación del apartado 3 del Artículo 16 de la Ley 2/2007 que excluye la obligatoriedad de elaborar la evaluación de impacto ambiental en cualquier proyecto por el simple hecho de que la evaluación sea perjudicial para la finalidad del proyecto. “Se ha producido —explica González— una mutilación en el articulado de la norma básica traspuesta que no puede ser gratuita, ya que crea una especie de cláusula residual, de cajón de sastre, por la que cualquier proyecto pueda prescindir del obligatorio estudio de evaluación ambiental, a criterio del gobierno andaluz, con la excusa de preservar la finalidad del proyecto".

“Nos da miedo pensar —continua el líder andalucista— en los atentados que podría cometer este Gobierno contra el patrimonio natural andaluz, como la ampliación de la zona esquiable de Sierra Nevada o la autovía que cruce el parque de Doñana. Proyectos que podrían avanzar sin evaluar el impacto contra el medioambiente gracias a este “coladero” en la ley andaluza", ha dicho.

A Juicio de Andalucía Por Sí, “esta modificación en la legislación ambiental andaluza es ilegal. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental es legislación básica estatal y las comunidades autónomas podrán aumentar las garantías, pero nunca recortarlas. Es verdad que la ley habilita a las comunidades a poder excluir ciertas obras de la obligación de impacto ambiental, pero acota los casos: defensa e infraestructuras críticas.”

El Gobierno del PP hace una trasposición legislativa con la que "parece preparar el camino a especulaciones urbanísticas y proyectos sin control ambiental". Desde Andalucía Por Sí, ha finalizado Modesto, “vamos a ir hasta las últimas consecuencias con este tema y llegaremos a las instituciones europeas si es necesario. En todo caso, la norma deberá ser ratificada por el Parlamento andaluz".

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