Intentan frenar la ampliación de dos macrogranjas porcinas en el altiplano granadino

La Fundación Savia advierte de la masificación del territorio con este tipo de espacios en el municipio de Castilléjar

Cerdos en una macrogranja porcina. ECOLOGISTASENACCIÓN
Cerdos en una macrogranja porcina. ECOLOGISTASENACCIÓN

Resulta muy preocupante la creciente colonización del Altiplano granadino por parte de la industria porcina y la insuficiente atención que se presta a los irrefutables riesgos para la salud y el medioambiente que comporta la concentración de macro granjas porcinas. Savia se solidariza con todos los ciudadanos del Altiplano que rechazan la masificación de su territorio con macrogranjas porcinas.

El municipio de Castilléjar, en el corazón del Altiplano, está entre los cuatro municipios andaluces con mayor concentración de macro granjas de cerdos. A pesar de ello, el Pleno del Ayuntamiento de Castilléjar acordó el pasado 30 de junio declarar de interés social y utilidad pública la ampliación de dos granjas de cerdos existentes, todo ello envuelto en una fuerte contestación y alarma social y pese al gran número de alegaciones de vecinos presentadas durante el periodo de información pública. A la vista de ello la Fundación Savia, presidida por Francisco Casero, presentó el pasado 29 de septiembre dos recursos de reposición potestativo ante dicho Ayuntamiento solicitando la revocación íntegra de dichos acuerdos.

De esta manera, la organización alega “inexistencia del requisito de utilidad pública o interés social” y “falta de debida justificación del interés público”. Conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal andaluz el interés social no puede identificarse sin más con cualquier actividad empresarial, aunque éstas supongan creación de empleo (por lo demás pírrico en este caso). Dado que la actividad de “explotación porcina” no ha sido declarada de utilidad pública por ley o por los tribunales, el Pleno del Ayuntamiento debió acreditar -cosa que no hizo- la existencia de ese interés público mediante informes de los técnicos del área socio-económica o de peritos especialista externos, en otras palabras debió realizar una rigurosa y exhaustiva valoración del impacto social y económico de dichas ampliaciones porcinas en otros sectores (turismo, restauración, actividades deportivas, agricultura ecológica, vivienda) en términos de creación de neta de riqueza.

Para esta organización el Pleno del Ayuntamiento de Castilléjar se ha limitado a asumir como propios las justificaciones y hechos alegados por el promotor, dándolos por válidos sin contrastarlo con informes técnicos propios o externos.  "Más grave es que el acuerdo del Pleno desdeña sin ponderación todas las alegaciones relativas a la salud y al medioambiente de varios residentes so pretexto que eso es competencia de la Junta de Andalucía durante la tramitación de la oportuna autorización ambiental integrada", expresa la fundación. 

Esto es incorrecto y supone confundir el ámbito competencial de cada Administración: el hecho de que un proyecto esté sujeto a la Autorización Ambiental Integrada no excluye que la apreciación del interés social y utilidad pública de un Proyecto de Actuación exija contrastar y valorar las consecuencias negativas medioambientales y para la salud pública de la iniciativa.

El interés social es una ecuación en donde suman los beneficios sociales y restan los perjuicios sociales. Si la diferencia es positiva hay interés social, y si es negativa, no lo hay. Ignorar o desconocer como hace el Pleno del Ayuntamiento de Castilléjar las consecuencias para la salud y el medioambiente de los dos proyectos de ampliación supone eliminar de esa ecuación una variable esencial y conlleva la nulidad de los acuerdos.

Existe una gran cantidad de Ayuntamientos y Diputaciones, incluso una Comunidad Autónoma, que han alertado oficialmente de los daños ambientales y para la salud de estas instalaciones vedando el establecimiento de nuevas macro granjas en sus territorios. También existe gran cantidad de estudios científicos de otros países que han pasado ya por esto y por tanto sabemos lo que ha de venir si se sigue por ese camino.

Por ello resulta "inadmisible" que el Pleno del Ayuntamiento de Castilléjar se abstenga de cualquier valoración medioambiental y de salud pública so pretexto que posteriormente lo hará la Administración Autonómica y admita declarar el interés social de un proyecto del cual ignora o desconoce las consecuencias ambientales y de salud pública que puede generar en la población.

La asociación recuerda que todos los daños directos e indirectos que puedan causar estas macro granjas podrán ser reclamados por los particulares al Ayuntamiento que las autorizó mediante la acción de responsabilidad patrimonial, pudiendo llegado el momento ocasionar un quebranto a las arcas municipales y, por ende, un empobrecimiento del municipio y de sus habitantes mucho mayor que la supuesta prosperidad económica que aportan.

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