En plena polémica por la situación del Parque Nacional de Doñana ha entrado en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta d eAndalucía (BOJA), la Ley de Economía Circular. Una norma que se puede considerar la ley estrella de la 'revolución verde' que proclama Juanma Moreno, presidente de la Junta.
Dicha ley contó en su aprobación con los votos favorables de PP y PSOE, la abstención de Por Andalucía y Adelante Andalucía y el rechazo de Vox. Es decir, un consenso bastante extendido para lo que viene siendo habitual en el Parlamento de Andalucía. Aun así, durante su debate los partidos de la oposición pusieron sobre la mesa aquellas cuestiones que veían como mejorables o que eran insuficientes.
El propio Gobierno andaluz señala como cuestión fundamental en los próximos año la reutilización de los productos y las materias primas para no acabar con los recursos del planeta. "Una economía circular es aquella en la que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduce al mínimo la generación de residuo".
Además, la Junta afirma que es necesario ir hacia este modelo porque los recursos energéticos basados en energía fósiles, los alimentos y el agua son cada vez más escasos; el incremento del número de consumidores en los próximos 20 años supondrá una presión insostenible sobre los recursos disponibles en el modelo lineal actual; la economía lineal nos lleva al agotamiento de los recursos; el sistema tradicional es global y medioambientalmente ineficiente provocando daños irreparables al clima y la biodiversidad.
Una de las cuestiones más criticadas por la oposición de izquierdas durante el debate de la ley fue el papel que se le otorgaba a determinadas empresas ya que se ponen en valor determinadas acciones simbólicas que realizan las multinacionales pero no se acude a los problemas que causan muchas de estas empresas durante su producción. Otra cuestión que pone en duda la efectividad de la norma es que la redacción no obliga a los Gobiernos, sino que menciona términos como promover, impulsar o contribuir.
La normativa, no obstante, incluye medidas novedosas como la creación de un registro público de análisis del ciclo de vida de productos, obras y servicios; el fomento de un uso y consumo responsable; o la reducción de residuos desde la simbiosis industrial y la consideración de subproductos o fin de condición de residuos. Todas ellas apoyadas por una concienciación y formación al respecto. Asimismo, la LECA prevé también medidas para la eliminación de trabas burocráticas a las empresas, la sensibilización de la ciudadanía, la formación y la prevención. Además también establece ayudas económicas.
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