Andalucía ya tiene su propia Ley de Economía Circular convirtiéndose de esta forma en una de las comunidades pioneras en este ámbito. La norma, además, ha sido respaldada por los dos principales grupos del Parlamento de Andalucía. A la mayoría absoluta del Partido Popular hay que sumar los votos del PSOE después de que se hayan aceptado el 60% de sus enmienda.
Esta norma es una de las leyes estrellas de Juanma Moreno dentro de su eslogan ecologista de la "revolución verde". De hecho, estuvo muy cerca de ser aprobada en la anterior legislatura con más apoyo que los 87 votos a favor que los populares han conseguido en esta ocasión. Este hecho, con motivo del manejo de los tiempos del adelanto electoral, ha aparecido en el debate para ser criticado.
El texto establece la creación de la Oficina Andaluza de Economía Circular y la elaboración de una Estrategia Andaluza para la Economía Circular y de instrumentos de planificación de ámbito local, obligatorios, al menos, para la gestión de residuos municipales.
A pesar de haber respaldado esta nueva ley, el PSOE ha mostrado su disconformidad con algunos puntos. Su portavoz en la materia, Mercedes Gámez, ha denunciado que el PP permita con la ley que lo recaudado por el impuesto de residuos en vertederos, la incineración y coincineración pueda invertirse en el gasto de personal y en los gastos de comunicación en lugar de destinarse íntegramente para ayudar a los ayuntamientos para llevar a cabo políticas que fomenten la economía circular entre los ciudadanos.
Los populares han insistido en la importancia de esta nueva norma después de la demostración de que el "usar y tirar" ya no funcione porque "los recursos son finitos". Además, su portavoz ha recalcado la importancia de la seguridad jurídica que puede otorgar a las empresas después de que Andalucía haya vivido varios recursos en los tribunales por esta materia.
El consejero Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha agradecido ante el Pleno la aprobación de esta ley, que "garantiza un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras".
"Es la mejor apuesta por hacer de nuestra economía una economía con garantías y compatible con la conservación del medio ambiente". Ha destacado su marcado carácter municipalista y ha resaltado que es un "paso definitivo por un modelo de producción más sostenibles y por una protección ambiental más ambiciosa".
Las formaciones a la izquierda del PSOE han rechazado la iniciativa por razones muy similares, aunque han terminado absteniéndose. Tanto Adelante Andalucía como Por Andalucían han criticado que la ley sea "poco ambiciosa". En este sentido, Juan Antonio Delgado, de Por Andalucía, la asemejaba a un televisor descatalogado, "entre todos hubiéramos sacado una ley pionera en Europa", ha recriminado. Otro de los reproches del portavoz de Podemos ha estado relacionado con la colaboración público-privada. "La economía circular no es para hacer negocio".
José Ignacio García, por su parte, ha insistido en la terminología utilizada. "La ley no obliga a nada a ningún Gobierno que venga", ha dicho sobre la presencia de términos como promover, impulsar, facilitar o contribuir y la ausencia de otros como prohibir u obligatorio. García, además, ha mencionado el greenwashing que en su opinión busca la ley. Es decir, acciones que realizan algunas empresas para aparentar su ecologismo sin ir a los problemas estructurales.
La oposición de Vox ha sido radicalmente distinta. La formación de extrema derecha ha rechazado la norma, pero por ser un reflejo de la Agenda 2030. De hecho, Rodrigo Alonso ha llegado a comparar al Gobierno de Moreno con los de Pedro Sánchez o Susana Díaz. "Son ustedes el PSOE con 10 años de retraso", ha expresado.
El fin de la libertad de circulación por el establecimiento de zonas de bajas emisiones, las élites que quieren controlarnos o la agenda globalista han sido otros de los argumentos de Vox para rechazar la aprobación de la ley.
La ley
Para favorecer las inversiones en economía circular, la norma prevé que los proyectos de actividades de valorización material sean considerados como inversiones empresariales de interés estratégico.
Establece también el principio de jerarquía de los residuos y se transponen objetivos concretos y cuantificables de diferentes directivas europeas sobre residuos, aún no transpuestos a la normativa nacional, siempre en el ámbito de competencias autonómico.
La ley aboga por establecer procedimientos específicos para el caso en que una sustancia u objeto de un proceso productivo concreto, desarrollado en Andalucía, pueda ser considerado subproducto y se especifica el procedimiento para que, en ausencia de órdenes ministeriales, un residuo valorizado en una instalación ubicada en territorio andaluz pueda dejar de ser residuo para su uso en una actividad o proceso industrial.
En el texto se aborda la recogida de basuras marinas; las cadenas de valor de electrónica, tecnologías de la información y la comunicación, baterías y vehículos, con aspectos como la recogida y gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y los vehículos al final de su vida útil; además de la circularidad en el sector textil, junto con la aceleración de la transición hacia la economía circular en los alimentos, nutrientes y bioproductos, como la planificación sobre el desperdicio alimentario.