El proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar implicaría "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio frente al estadio de La Cartuja". Así lo han afirmado este martes los portavoces de Greenpeace y Ecologistas en Acción, asociaciones que han convocado una concentración en contra del proyecto para este miércoles en Sevilla con el respaldo, según afirman, de otros 80 colectivos.
Con esta movilización, las entidades ecologistas pretenden mostrar su rechazo al "vertido tóxico" que implicaría el proyecto a manos de la entidad Minera Los Frailes. Según estos colectivos, se trata de vertidos de metales como arsénico, cadmio, cobre, plomo o zinc. Como han señalado en reiteradas ocasiones, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que "no se ha aprendido nada" de la catástrofe medioambiental de la mina, acaecida en 1998, como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la misma.
Por su parte, el Gobierno andaluz defiende la viabilidad del proyecto. El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha manifestado en declaraciones a los medios, según Diario de Sevilla, que el proyecto es "completamente respetuoso" con el medio ambiente y que se prevé la realización de analíticas "exhaustivas" del agua.
Paradela ha señalado, asimismo, que el proyecto de reapertura actual no tiene "nada que ver" con el desarrollado por la empresa Boliden-Andaluza de Piritas S.A., que era responsable de la mina cuando se produjo el vertido de 1998. Además, la empresa ha afirmado prever "una estación depuradora de agua de última generación y una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto".
Según ha explicado el consejero, el nuevo proyecto no parte de la antigua corta a cielo abierto, sino que plantea una explotación en subterráneo y carecerá de balsa de almacenamiento de residuos.
Sin embargo, para los ecologistas, a pesar de ese proceso de depuración, "la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar descargaría en el Estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas" de metales potencialmente tóxicos.
Según expresan, en ese tramo del río Guadalquivir hasta la desembocadura en Sanlúcar, se localizan las tomas de riego "de las 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz". Por ello, señalan, "la biocontaminación" en la zona podría ser significativa.
Greenpeace y Ecologistas en Acción han afirmado que ya han comunicado a las administraciones competentes "las graves deficiencias de los estudios realizados por la empresa". En ese sentido, han anunciado que tienen prevista una reunión con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para preguntarle acerca del informe que el Ayuntamiento "tiene que realizar, a través de su Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad".
La concentración convocada para este miércoles se suma a la del pasado 25 de abril en el mismo lugar de Sevilla, en la que participaron, según las entidades convocantes, alrededor de 500 personas.
También han mostrado su rechazo al proyecto otros colectivos, como la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, que apuntaron el pasado mes de abril, según Andalucía Información, que "no cabe que se esté planteando poner en marcha un proyecto como este y con un vertido altamente contaminante" y solicitaron la paralización del proyecto.
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