El informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción de 2020 concluye que la totalidad de la población y del territorio andaluz han estado expuestos un año más a unos niveles "perjudiciales" para la salud de este contaminante, mientras que la Junta de Andalucía "sigue sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que eviten los episodios puntuales y reduzcan los elevados niveles de fondo".
La reducción de la movilidad por la crisis del covid-19 ha provocado una mejora "sin precedentes" de la calidad del aire, también en relación al ozono troposférico, según indica en una nota Ecologistas, que advierte, no obstante, de que los 8,4 millones de habitantes de Andalucía han seguido respirando aire contaminado por ozono durante el verano de 2020.
El informe analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 en 483 estaciones oficiales de medición de ozono repartidas por todo el territorio español, entre ellas 60 situadas en Andalucía.
En lo que respecta a Andalucía, entre sus principales conclusiones, destacan que el ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2020 sus niveles se han reducido de forma importante, interrumpiendo la tendencia estacionaria o al alza de los últimos años, como consecuencia de la drástica disminución de las emisiones de sus contaminantes precursores en la industria y en el transporte, por efecto de la crisis del coronavirus.
"Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la guía de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima de lo establecido legalmente es de 331.000 personas, en las zonas de Córdoba y Puente Nuevo (Córdoba). Trece estaciones de medición en las zonas de Carboneras (Almería), Granada, Málaga, Huelva, Jaén y en algunas en la Andalucía rural han incumplido el objetivo legal en el trienio 2018-2020", subrayan los conservacionistas.
La frecuencia de las superaciones de los estándares establecidos por la legislación actual y de la OMS ha sido muy inferior a la de años precedentes, con un descenso del 45 y el 34 por ciento respectivamente en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto de Andalucía.
La mejoría de la situación ha sido en especial relevante en las zonas industriales de Carboneras, Huelva y Puente Nuevo (con sus centrales termoeléctricas paralizadas), en la Bahía de Cádiz (donde la captura de datos ha sido baja) y en la aglomeración de Granada, con una reducción del número de días con mala calidad del aire de en torno al 50 por ciento. De manera puntual, el ozono ha aumentado en algunas estaciones industriales y urbanas de la Bahía de Algeciras, Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla, precisamente por el menor tráfico y reducción del monóxido de nitrógeno (NO), contaminante que destruye el ozono.
La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas "no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema". La página web de calidad del aire de la Junta de Andalucía "no ofrece datos en tiempo real ni permite la descarga de datos históricos para seguir la evolución de la contaminación: resulta elemental por ello que la Junta de Andalucía se esfuerce por mejorar la información de la calidad del aire en su comunidad", manifiesta Ecologistas.
Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Andalucía "sigue sin elaborarlos en todas las zonas donde resultan preceptivos: se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 7,4 millones de andaluces en las zonas de Bailén, Córdoba, Carboneras, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Puente Nuevo y Andalucía rural".
"Pocas" ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las superaciones puntuales de contaminación por ozono. En algunos protocolos como el de Sevilla no contemplan medidas de limitación del tráfico en episodios como el del 26 de julio, cuando se registraron seis superaciones del umbral de información "mientras las autoridades se limitaban a informar rutinariamente a la población".
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