Varias parejas han denunciado a la empresa jerezana Alfonso Catering por incumplimiento del contrato, según publica El País. Todo se debe a que la entidad, organizadora de eventos nupciales, programa bodas en el Águila Real, un cortijo de Guillena (Sevilla) que lleva funcionando como centro de acogida para menores inmigrantes (unos 80 jóvenes) desde el pasado 1 de junio, de la mano de la Fundación Samu a través de una subcontrata con la Junta.
Si bien el Gobierno andaluz ha negado, como informa el periódico, que las instalaciones puedan compaginarse para usos distintos a la atención de los menores, cuando hay un banquete, los responsables de los jóvenes inmigrantes “se los llevan de excursión”.
El pasado septiembre, cuando una pareja se personó en el cortijo, junto a la responsable del catering, cuya sede está en el Parque Científico Tecnológico (PCTA) de Jerez —también cuenta con otra sede en la calle Rioja de Sevilla—, contemplaron cómo "los monitores del Samu tenían que sujetar a los chavales para que no salieran al patio mientras estábamos viendo el comedor. Su responsable me aseguró que el día de la boda se comprometía a dejarnos el salón y el patio en perfecto estado y que no nos preocupáramos por los niños porque se los llevarían de excursión”.
En ese mismo día la pareja exigió que le cambiaran la ubicación de su banquete. Sin embargo, a través de un correo la responsable de Alfonso Catering les explicaba que el Águila Real era “una finca multifuncional, la cual en estos momentos está siendo utilizada con fines solidarios” y que “el día de la boda, se encontrará disponible para uso, y en las mismas condiciones que cuando la contrataron”.
A pesar de que la Junta de Andalucía niegue que la hacienda se ha utilizado para festejos desde la llegada de los chicos inmigrantes, en el mes pasado la empresa de eventos han hecho gestiones para concretar banquetes para este octubre. Es más, una de las parejas que ha denunciado al catering jerezano comenta en El País que “el responsable del Samu me preguntó si al final íbamos a celebrar la boda porque le obligaban a llevarse a los niños a la playa y, si cancelábamos, se quedaban aquí”.
Pero no solo los novios se han quejado de la situación irregular del cortijo, ya que los propios trabajadores del centro se refieren a la hacienda como una cárcel sin rejas en la cual unos 80 jóvenes viven hacinados en literas y en un espacio insalubre que, seis días antes de cada evento, es maquillado. “Allí no comida, allí hambre, no duchas”, denuncian los menores inmigrantes. “Muchos utilizan las llamadas a familiares para hablar con compañeros que están en otros centros y ponerles en alerta contra el cortijo” cuenta una trabajadora de un centro de acogida a El País.
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