Barbate acogerá una concentración contra el "decretazo" urbanístico de la Junta

Asociaciones ecologistas convocan una protesta en el Pinar de la Breña contra las normas de desregulación ambiental aprobadas por el Gobierno andaluz

Vista de los acantilados del Parque Natural de La Breña en Barbate, municipio donde se ubica el Museo del Atún, una de las opciones para esta Semana Santa.
Vista de los acantilados del Parque Natural de La Breña en Barbate, municipio donde se ubica el Museo del Atún, una de las opciones para esta Semana Santa.

El 11 de julio, a las 20:00 horas, tendrá lugar una concentración en el Pinar de la Breña de Barbate —frente al puerto— contra las normas de desregulación ambiental y urbanística impulsadas por la Junta de Andalucía. Un manifiesto impulsado por las asociaciones ecologistas que organizan la protesta recuerda que el pasado 9 de marzo el Gobierno andaluz aprobó el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, más conocido como “el Decretazo”, al que siguieron otras dos disposiciones en otros dos Decretos Ley de 11 de mayo y 9 de junio, y el anteproyecto de una nueva ley urbanística por el procedimiento de urgencia.

"En un momento en el que ni siquiera habíamos llegado al pico de la pandemia, la Junta aprovechó la incertidumbre generalizada para eliminar importantes garantías urbanísticas y ambientales bajo el pretexto de la productividad y un crecimiento económico que en Andalucía significa insistir en nuestra situación de economía extractiva, subalterna y dependiente", recogen en el documento.

"El Decretazo permite, entre otros, la instalación de minas y canteras sin evaluación ambiental previa, y facilita la construcción de urbanizaciones, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales y de grandes infraestructuras, como puertos, aeropuertos, embalses... a pesar del alto impacto negativo que, se sabe, tienen en elentorno. Además, le da mayor control a la Junta de Andalucía al poder condicionar e imponer a los Ayuntamientos el modificar sus PGOU, sin que éstos puedan ser partícipes finales de la decisión; por supuesto esta imposición también limita la participación ciudadana, la cual queda aún más restringida. Este decreto-ley también elimina las normativas que hasta ahora obligaban a calcular la huella de carbono de productos y servicios contaminantes", añaden.

"La vuelta atrás que esas medidas suponen para la protección del medio ambiente sería inadmisible en cualquier territorio, pero más todavía en una Andalucía que, si no frenamos el calentamiento global, en las próximas décadas sufrirá sequías, desertificación y la subida del nivel del mar. Las consecuencias del desprecio hacia la naturaleza no son ideas alarmistas, ni están lejanas en el tiempo: están científicamente comprobadas. Debemos rebelarnos hoy para no sufrirlas mañana, como ya en otros puntos del planeta está ocurriendo", apunta el manifiesto.

"Hace falta un nuevo modelo productivo, un modelo enfocado en las necesidades de consumo básicas, en la priorización de los servicios públicos, en la relocalización (consumo local), colaboración, economía circular y de reutilización, con sueldos y condiciones dignas y justas, y respetuoso con la biodiversidad; poniendo así la vida en el centro, no la economía. El capitalismo es incompatible con un planeta habitable; debemos aprender a vivir mejor con menos, dejando atrás la cultura del usar y tirar, y construyendo lazos comunitarios como la base de una convivencia más justa", rematan.

"Estas modificaciones legales pueden impulsar el desarrollo de grandes proyectos urbanísticos que amenazan espacios naturales y paisajes únicos. Millones de metros cuadrados recalificados, miles de nuevas viviendas de segunda residencia, campos de golf, complejos hoteleros..., pura especulación urbanística que seguirá generando corrupción yuna economía vulnerable y dependiente del ladrillo y el turismo", se quejan.

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