La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, ha confirmado una condena que fija la indemnización que tendrán que pagar Kiko Hernández y Mediaset a Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, por vulnerar de forma continuada sus derechos fundamentales. La sentencia establece el pago total de 220.000 euros –190.000 euros por parte de Mediaset y 30.000 euros por parte del antiguo colaborador de la cadena– por la intromisión ilegítima en su honor, su intimidad y su propia imagen durante varias semanas de 2021.
Los magistrados consideran, como señala Vertele, acreditado que hasta 18 programas de Sálvame, emitidos en Telecinco, abordaron de manera reiterada la vida privada, personal e incluso escolar de la joven justo después de alcanzar la mayoría de edad. Esa exposición mediática, según recoge el fallo, llegó a provocar que tuviera que mudarse de domicilio para esquivar el acoso, sin que el hecho de contar con más de 200.000 seguidores en Instagram o de ser hija de personajes conocidos justificara el tratamiento recibido.
La mayoría de edad no amparó la exposición mediática
Julia Janeiro cumplió los 18 años en abril de 2021, un momento en el que varios programas de Mediaset intensificaron la cobertura sobre su vida. El espacio Socialité llegó a anunciar una cuenta atrás para “despixelar” imágenes que la propia joven había compartido en su perfil de Instagram, mientras que otros formatos, especialmente Sálvame, difundieron información personal tanto de su etapa adulta como de cuando aún era menor de edad.
La Audiencia Provincial subraya que Mediaset y Kiko Hernández difundieron informaciones no contrastadas, que iban desde supuestos conflictos con compañeras de colegio hasta afirmaciones sobre una presunta detención por robo o insinuaciones relacionadas con el consumo de drogas. Todo ello se hizo, según la resolución judicial, “sin que se probara la veracidad de tales afirmaciones”.
Una actuación “sistémica” contra sus derechos fundamentales
Los jueces concluyen que estas actuaciones se produjeron “de forma sistémica” y supusieron una vulneración continuada de los derechos de la joven al honor, a la intimidad y a la propia imagen. La sentencia ratifica así el criterio de un juzgado de Arcos de la Frontera, que ya había fijado las cuantías indemnizatorias y la obligación de eliminar los contenidos difundidos, concediendo únicamente una reducción en los intereses económicos reclamados.
La resolución, que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, rechaza los argumentos de la cadena y de su antiguo colaborador, quienes solicitaron reducir o eliminar la indemnización, alegando la condición de influencer de la joven y la exposición previa consentida por sus padres. Aunque el tribunal reconoce que Jesulín de Ubrique y María José Campanario son personas “notablemente famosas”, concluye que ello no legitima una prospección informativa sobre su hija, recordando: "Que sea hija de dos personajes famosos en el ámbito de la prensa rosa no dota a la recurrente, por el hecho de llevar un apellido determinado, de una mayor trascendencia pública”.