El conflicto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por las viviendas de uso turístico (VUT) ha estallado en el Parlamento andaluz con un cruce de acusaciones entre el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y el PSOE, que se señalan mutuamente por falsear los datos.
Bernal defendió que la Junta ha cancelado 10.586 licencias desde febrero de 2024 hasta septiembre por incumplir los requisitos recogidos en el decreto autonómico. En cambio, criticó el “discurso falso” del Ejecutivo de Pedro Sánchez por anunciar la supuesta cancelación de 17.000 VUT ilegales en Andalucía.
El consejero insistió en que la competencia en materia turística es de la Junta y que el Gobierno de España no puede anular ninguna licencia. Además, aclaró que “no son viviendas ilegales, van a poder seguir ejerciendo su actividad y lo único que cambia es que no podrán publicitarse en algunas plataformas”.
También cargó contra el registro único anunciado por Sánchez, al que calificó de norma con informes “demoledores” del Consejo de Estado y un expediente de la Unión Europea por invasión de competencias.
Bernal advirtió de que “se tergiverse el debate de las VUT y se use la demagogia” para tapar lo que considera el verdadero problema: la Ley de Vivienda del Gobierno central. Según dijo, esta normativa ha generado inseguridad, castigado a los propietarios y favorecido la ocupación ilegal, lo que ha provocado la retirada de muchas viviendas del mercado.
El consejero subrayó además que las VUT canceladas no se convierten en alquileres de larga duración, y recordó que en Andalucía existen más de 640.000 viviendas vacías. Por ello pidió no demonizar el sector turístico: no se puede vender el turismo como un logro y atacar a un sector que da "miles de empleos como el de las viviendas turísticas".
Críticas del PSOE
La diputada socialista Isabel Aguilera acusó a Bernal de “presumir de datos que falsean la realidad”, y sostuvo que las VUT han crecido un 8,8 % interanual hasta mayo, superando las 95.000 en la comunidad, que concentra ya el 25 % del total en España.
Aguilera aseguró que hay unas 17.000 viviendas operando de forma ilegal en Andalucía —casi un 20 % del parque— y reprochó que la Junta solo haya inspeccionado el 3,2 % en 2024. El Gobierno de España "dobla la eficacia a la Junta en el control".
Desde Por Andalucía, Esperanza Gómez reclamó sustituir el sistema de declaración responsable por un modelo con licencias temporales, mientras que Vox, a través de Cristina Jiménez, alertó del marco “desigual y dispar” de regulación en España, que podría reducir la oferta y dañar al turismo.