Con el Tratado de Maastricht se establecieron dos reglas fiscales que se suponía debían ser respetadas por todos los países que lo suscribieran: los déficits públicos no deben superar el 3 por ciento del PIB respectivo y la deuda pública el 60 por ciento.
Ambos criterios se justificaron con un amplio ramillete de razones: evitarían comportamientos irresponsables, garantizaban la estabilidad del euro, impedían que la deuda de unos países arrastre a otros, harían posible la convergencia de las economías europeas, y generar confianza de los mercados con reglas simples.
La realidad ha mostrado que la disciplina fiscal no ha logrado cumplir esos objetivos. Los primeros países en ser "irresponsables" fueron los grandes, Francia y Alemania. La estabilidad del euro más bien la han garantizado el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), la famosa amenaza de Draghi ("todo lo que sea necesario") o las intervenciones por la puerta de atrás del Banco Central Europeo. La convergencia real no ha aumentado y la confianza en los mercados se desploma cuando hay crisis, haya o no reglas.
Durante la crisis que se inició en 2007 la disciplina fiscal basada en ambos criterios se reforzó buscando, como literalmente dijo por entonces Angela Merkel, que "ningún Parlamento pudiera cambiarlas". La excusa fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits.
Sin embargo, las políticas de austeridad que se impusieron con ese propósito y que incluso obligaron a incorporar la disciplina fiscal a los textos constitucionales, tampoco lograron ese último objetivo: la deuda aumentó en lugar de disminuir, en contra de lo que se había asegurado, tras recortar el gasto público.
Las reglas fiscales impuestas en la Unión Europea han sido completamente inútiles a la hora de alcanzar los objetivos que las justificaron, y es normal que eso sea lo que ocurrido si se tienen en cuenta algunos hechos elementales.
El gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones
No hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits inferiores al 3 por ciento del PIB o del 60 por ciento en el caso de la deuda pública llevará consigo menos deuda o que no se reduzca la actividad económica. Más bien sucede todo lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada y que, sin embargo, le resultan imprescindibles para obtener beneficio y generar actividad (infraestructuras, redes, investigación básica, administración pública, seguridad...).
Los creadores en 1981 de la regla del 3 por ciento fueron dos jóvenes funcionarios de la Dirección de Presupuestos del gobierno francés. Uno de ellos, Guy Abeille, reconoció años después el encargo que les hizo su jefe: "Mitterrand [el recién elegido presidente de la República francesa] quiere que le proporcionemos rápidamente una regla sencilla, que suene a economista y que pueda ser utilizada contra los ministros que desfilan por su despacho para pedirle dinero". Como no tenían idea de cómo responder y no había teoría económica alguna que pudiera ayudarles, recurrieron a la imaginación y concluyeron que el número tres era el idóneo pues tenía, dijo Abeille, "un amplio eco en la memoria común: las tres Gracias, la Trinidad, los tres días de la Resurrección, los tres órdenes de la alquimia, la triada hegeliana, las tres edades de Augusto, Compte, los tres colores fundamentales". Esta y no otra es la razón por la que se obliga a que los países europeos no superen el 3 por ciento del PIB cuando elaboran sus presupuestos.
Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff publicaron en 2011 los resultados de un análisis de ocho siglos de historia financiera que les llevó a concluir que si la deuda supera el 60 por ciento del PIB en los países emergentes y el 90 por ciento del PIB en los más avanzados el crecimiento económico se deteriora. Una tesis que se popularizó en todo el mundo para justificar las políticas de recortes de gasto con las que se decía que bajaría la deuda. Unos meses más tarde, otros investigadores descubrieron que la base de datos de Reinhart y Rogoff contenía errores y ausencias importantes, sin los cuales sería imposible llegar a su conclusión.
Para poder justificar las reglas fiscales restrictivas como las europeas es imprescindible establecer que los llamados multiplicadores del gasto público (el efecto multiplicado en la renta que este último produce) son muy pequeños. Eso es lo que siempre necesitan afirmabar quienes las defendían, como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, cuando la realidad ya se hizo completamente indisimulable, el Fondo tuvo que reconocer lo que todo el mundo sabía: llevaba más de treinta años calculándolos a la baja. ¿Por error?
Medidas de disciplina fiscal que provocan el efecto contrario al deseado
Los estudios que han demostrado que las reglas fiscales producen inestabilidad y aumentos de la deuda, en contra de lo contrario que dicen sus defensores, no han dejado de aparecer. Hace poco, se publicó uno de Claudia Ciccone en el que se demuestra que las directrices europeas sobre disciplina fiscal están basadas en presupuestos injustificados, establecidos justamente para que se puedan obtener los resultados previamente deseados.
En concreto, la Comisión asume sin justificación alguna que lo demuestre que la contracción que implica la consolidación fiscal sobre el PIB es sólo temporal y se disipa por completo tres años después del período de ajuste.
Ciccone muestra que eso no está garantizado, ni se ha producido antes, mientras que si, "en cambio, se asume que un endurecimiento fiscal puede tener efectos persistentes, las políticas restrictivas implicadas por el nuevo marco de gobernanza ralentizarían el crecimiento y socavarían la sostenibilidad de la deuda pública". Un efecto recesivo que se vería exacerbado si las medidas de austeridad se establecen al mismo tiempo en varios países de la eurozona. Concluye afirmando que, con las nuevas reformas establecidas siguiendo las viejas reglas fiscales, lo que de nuevo se va a producir será ralentización de la actividad económica y el aumento, en lugar de disminución, de la deuda en relación con el PIB.
A estas alturas, cualquier persona inteligente se hará la misma pregunta: si las autoridades europeas desean de verdad que disminuya la deuda y aumente la actividad económica, ¿por qué se empeñan en tomar medidas de disciplina fiscal cuyo efecto evidente y que nadie puede negar ha sido el contrario?
A mi juicio sólo hay dos posibles respuestas. O están ciegas por ideología y sus prejuicios les han nublado la razón, algo que me cuesta creer, aunque no pueda descartarse; o lo que sucede es que, en realidad, no desean que la deuda disminuya ni que aumente la actividad y, por tanto, el empleo.
Ya sé que esto último sonará a barbaridad o incluso a conspiración, a muchas personas. Pero tangan en cuenta algo fundamental: la deuda es el negocio de los bancos y tendrían que cerrar si no hubiera, o si no creciera constantemente. Y el freno a la actividad, la escasez artificialmente provocada a la que igualmente contribuye la deuda, es lo que permite mantener a raya a las clases trabajadores, frenar la subida salarial y garantizar que se mantenga el reparto desigual de la renta.
Concluyan ustedes por su cuenta.