Daniel Sánchez Román. Delegado Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz
La situación de la salina San José de El Puerto es un ejemplo de mala gestión. Así de sencillo puede resumirse, porque la Junta sigue sin revolver un concurso público tras una inversión de 350.000 euros. Mientras, este espacio se está deteriorando, con rotura de compuertas, aperturas de cangrejeras en los muros, y el derrumbe de las tajerías, como denunció Ecologistas en Acción. Precisamente, la entidad se presentó con una sociedad mientras que competía con una empresa vinculada al restaurante Aponiente, con un proyecto que deja como poco dudas sobre si cumple con la Ley de Costas.
Mercedes Colombo. Delegada Territorial de Fomento de la Junta en Cádiz
Uno de los problemas históricos de instalaciones en Jerez está en la A-2003. La iluminación de esta vía es una deuda pendiente con la ciudad, que ayudaría a articular la conexión entre el núcleo urbano y el mundo rural. La carretera de La Barca fue además una de las grandes reivindicaciones del PP cuando estaba en la oposición en la Junta. Ahora, parece que se olvida y la plataforma vecinal reclama junto al Ayuntamiento que finalice este proyecto.
Fran González. Delegado de Zona Franca Cádiz
Algeciras vivirá una transformación positiva, con un plazo de 8 meses y 2,4 millones de presupuesto, para realizar el cerramiento completo y un nuevo sistema de seguridad. Así, implicará la instalación de un sistema diseñado por el Servicio de Aduanas. Un trabajo que ayudará a revitalizar el Campo de Gibraltar, con un nuevo recinto fiscal de 130.000 metros cuadrados, y servirá además para que el Puerto siga creciendo, al disponer los operadores de un área de fiscalidad más baja.
Juan Carlos Ruiz Boix. Diputado provincial responsable del Área de Servicios Económicos
Las cuentas de Diputación de Cádiz salen adelante. Prueba de ello es que el periodo medio de pago a proveedores se encuentra a 19,54 días, frente a los 30 de máximo que marca la Ley. Así, se han materializado pagos antes del verano por casi siete millones de euros. Y no solo paga Diputación, sino que lo hacen sus organismos autónomos y empresas públicas. Tener los números en orden ayuda a los empresarios que contratan con la administración, pero también a toda la ciudadanía, porque una solidez financiera significa una prestación de servicios más eficiente.
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