La vivienda no es solo un bien inmueble, una mercancía más, la vivienda es además una residencia, un lugar para habitar, es también un medio de primera necesidad para alcanzar el principio de la emancipación de la juventud, y la vuelta a una vida digna de personas adultas y mayores.
En la Unión Europea, sobre todo en los países del sur, como España, familias, pequeñas empresas, y millares las personas, físicas y jurídicas, ahorradoras, fueron víctimas propicias de la llamada crisis económica del 2008, de la cual salieron triunfadores, las grandes fortunas que se incrementaron de forma temeraria, a costa de familias y empresas productivas nacionales. Se ha hablado de la “burbuja inmobiliaria”, de la crisis de la construcción, el segundo sector de la economía, cuya función social es ni más ni menos que la satisfacción de una necesidad social de primer orden, la vivienda.
Realmente se trató de un fenómeno aún menos conocido y analizado de lo esperado, del que las ciencias sociales ya han de ocuparse con investigación y rigor, si no queremos que la historia se repita, que la injusticia social crezca más que el crecimiento económico del producto nacional bruto.
Solo una pincelada para el recuerdo, la crisis del 2008 concluyó con el resultado de un enorme trasvase de riqueza (dinero y bienes raíces) de las clases productivas y ahorradores hacia las masas de capital financiero. En esta crisis sistémica perdieron sus bienes inmuebles millones de familias en toda Europa, que por arte de la literatura periodística dominante se van olvidando, se embargaron viviendas residenciales, y locales comerciales de todo tipo de empresas, es decir no solo fue una crisis del sector de la construcción, en la que por cierto desaparecieron infinidad de pequeñas y medianas empresas, sino también autónomos y profesionales cualificados. Muchos de ellos olvidados emigrantes económicos actuales, como nuestros antecesores de los años cincuenta y sesenta.
Si hablamos de vivienda, no podemos hablar de desahucios y desahuciadas de ayer, en tiempo pasado, sin ver los datos de la realidad actual que son un grito silencioso sin voz en todos los partidos judiciales de las comunidades de España. Quedó ya en tiempo pasado el fenómeno del llamado “banco malo”, es decir el patrimonio que pasó de manos de familias, comercio, industria y del mundo rural, es decir todo tipo de fincas, a manos de los fondos de capital, lo cual significó la destrucción de gran parte del tejido productivo afectando a todos los sectores económicos, terciario, secundario y primario, y quien venció fue de nuevo la Banca menos buena. Pero, ¿dónde están todas las viviendas residenciales arrebatadas a sus empobrecidos desahuciados?
No podemos dejar de incluir entre las claves de la actual situación de crisis de la vivienda en nuestra comunidad, en nuestro caso Andalucía, que aquellos polvos traen estos lodos, y que uno de los objetivos y resultados de aquella crisis financiera fue la destrucción de una de las herramientas esenciales para poder recuperar el derecho a la vivienda, la destrucción de las Cajas de Ahorro y cooperativas de crédito. Una trama que suponía la mitad del sistema financiero, que tenía participación pública de los ayuntamientos y cumplía entre los fines de interés social, el sostenimiento del tejido productivo rural y urbano, del comercio de proximidad, y de la construcción de vivienda a precio asequible a las personas trabajadoras asalariadas.
El objetivo político de destruir las entidades sociales y cooperativas de crédito, ha hecho de la concentración en un oligopolio bancario un problema para la economía doméstica, que dispara beneficios a las rentas dinerarias, pero que ya no cumple función social alguna, ni por supuesto cubre las necesidades básicas de la población, como proporcionar vivienda a todas las clases sociales, hoy francamente empobrecidas, si las comparamos con la generación anterior.
Las tesis herederas de la mentalidad esclavista, las teorías justificadoras del colonialismo de siglos antepasados, tratan de filtrarse en los programas de las fuerzas políticas más reaccionarias, hablando de volver a la Ley y el Orden, recordándonos obras de los clásicos de las ciencias sociales, que casi habíamos olvidado. Se trata de apelar a un supuesto orden entre razas y religiones, segregando por clases sociales hasta que el odio al más pobre resurja, mediante el enfrentamiento de las tres religiones, y brote el odio a la diversidad como motor de la nueva violencia estructural, en definitiva con la finalidad inconfesable de volver a someter a la parte de la población más desfavorecida y vulnerable de las grandes y medianas ciudades, y a quienes traten de ejercer su libertad deambulatoria y de migrar, la libertad en su búsqueda de empleo o por trabajo, el derecho humano universal a decidir su residencia.
Volvamos de nuevo en el tiempo, al principio de la restauración de la monarquía parlamentaria, y partamos de la primera norma constitucional, que en su precepto número cuarenta y siete afirma que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Esta manifestación está recogida entre los principios rectores de la política social y económica, lo cual significa que su efectividad depende totalmente de las actuaciones que desarrollen las administraciones públicas competentes, en cada una de las materias que harían posible ese potencial derecho, que no tiene una suficiente protección jurídica para poder ser exigido por persona alguna de forma individualizada.
Este nivel de protección de garantía jurídica del derecho a la vivienda que resultó del parto constituyente en el momento de la transición política, significa que el derecho al acceso a la vivienda de las personas y agrupaciones familiares depende exclusivamente del desarrollo legislativo posterior. Corresponde, pues, al legislador actual adoptar los cambios en el ordenamiento jurídico necesarios para hacerlo efectivo.
La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales de España ya se ha pronunciado sobre este orden actual, planteando la necesidad de un debate en toda la sociedad civil, y, por tanto, también en los cauces de participación política, que en democracia no son otros que las organizaciones políticas, que es necesario elevar el nivel de protección constitucional del derecho universal a la vivienda, lo cual debería culminar en una reforma de la Carta magna.
Siguiendo el texto constitucional, establece un mandato dirigido a los poderes públicos a los cuales encomienda la tarea política de promover las condiciones necesarias para hacer realidad el derecho a la vivienda, tal como vienen haciendo el legislativo estatal y los parlamentos autonómicos. Corresponde, pues a las Cortes Generales, a las fuerzas representativas, y al Ministerio de vivienda en el Gobierno, tomar la iniciativa, para establecer mejoras de orden legislativo y presupuestario, para revertir el desorden creado por la señalada crisis financiera, y sentar las bases para que el derecho a techo, o dicho de otro modo a una vivienda digna, empiece de nuevo a extenderse entre las capas más necesitadas, jóvenes, mayores y familias diversas. Pero no olvidemos que la vivienda es competencia de las Comunidades Autónomas, y es preciso un giro de ciento grados en la política de urbanismo y vivienda.
Las fuerzas políticas en Andalucía tienen que hacer protagonistas a la ciudadanía en este debate, para que la nueva Ley andaluza permita, al menos, una menor dificultad del acceso a la vivienda de las personas residentes en Andalucía, tengan el origen que tengan, y la sociedad civil participar en las decisiones políticas que desarrolle el Parlamento andaluz y el Gobierno de la Junta de Andalucía. En definitiva, una norma que sirva para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación que conduciría a una crisis social sin precedentes.