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Lejos de la conmemoración hace unos días de los actos previstos con motivo del 25-N, Día internacional para la eliminación de la violencia de género, existe otra fecha con igual relevancia en el calendario político y social contra esta lacra. El pasado 15 de noviembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad promover el tan demandado pacto de Estado para luchar contra la violencia machista. Tras años de demandas, el PSOE ve iniciada así una senda que lleva años reclamando la sociedad civil, las víctimas, sus familias y todos y todas quienes defendemos respuestas contundentes, urgentes y eficaces no solo contra la violencia de genero sino también contra el sexismo que la alimenta.

Por vez primera se pondrá en pie un pacto de Estado del que participen todos los partidos políticos, las administraciones públicas, los poderes del Estado y la sociedad civil que combata el machismo infame y criminal que la sociedad nos reclama; un compromiso firme con una sociedad que desea desterrar sin retorno este mal intolerable que sesga la justicia y la dignidad de las mujeres.

Las bases para este pacto ya fueron establecidas por el PSOE en la Ley Orgánica 1/2004 que se fraguó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cuyo espíritu estamos llamados a recuperar y negociar tras años de cierta indiferencia y empatía, tras años de incumplimientos y retrasos por parte del PP ante un asunto cuya trascendencia siempre ha estado subrayada en rojo en el calendario socialista.

Nos encontramos por tanto en un nuevo escenario en el que, sin excepciones, se establecerá la necesidad de un acuerdo que salvaguarde los esfuerzos, los compromisos sociales y presupuestarios para combatir una violencia que tristemente conmociona con demasiada frecuencia a todo el país. Para ello se comenzará con la creación de una subcomisión del pacto en el seno de nuestra Cámara Baja para iniciar los trabajos y acotar al máximo los plazos con la urgencia que la sociedad nos reclama; una sociedad nos reclama al mismo tiempo inteligencia y recursos contra el machismo infame y criminal.

Con el fin de articular este pacto, la iniciativa contempla la creación de una subcomisión que elabore, en el plazo de cuatro meses, un informe en el que se identifiquen los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y proponga las reformas que deben acometerse. El texto también exige la creación de una comisión de seguimiento del pacto, que se reunirá  siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo caso una vez al año, con el fin de evaluar los acuerdos alcanzados.

Del mismo modo los socialistas hemos arrancando el compromiso del Gobierno para poner en marcha doce propuestas para, entre otras cuestiones, dotar suficientemente las partidas presupuestarias para prevención y asistencia social a las víctimas y su hijos; reforzar el funcionamiento de las unidades de coordinación y de violencia contra la mujer; poner en marcha el acompañamiento judicial personalizado; establecer pautas y protocolos para la atención integral de las víctimas que han retirado la denuncia o las que nunca la han presentado; activar un plan nacional de sensibilización y prevención; incorporar, a través del pacto de Estado de Educación una formación específica en Igualdad; poner en marcha un plan integral para prevenir y proteger a los menores; hacer las adaptaciones necesarias para incluir en la ley todas las formas de violencia contra la mujer; y adoptar el compromiso político de no conceder indultos para delitos de violencia de género.

Este Pacto implicará del mismo modo la revisión de algunas políticas del Gobierno del PP, como la eliminación de las competencias en materia de Igualdad a los ayuntamientos, el fracaso del sistema de protección o el papel de los puntos de encuentro familiar. Otras cuestiones a tratar serán la eliminación de la atenuante de confesión para este tipo de delitos; la modificación de la dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge; las insuficiencias a la hora de proporcionar asistencia letrada desde antes de la interposición de la denuncia; la transparencia económica de las campañas publicitarias; o acuerdos para proteger a las menores de 16 y 17 años que siendo víctimas de violencia machista intrafamiliar quieren decidir sobre su vida y su maternidad. Además, hemos de atender compromisos y recomendaciones internacionales que nos reclaman cambios en la legislación civil, penal, procesal y de cooperación jurídica internacional o en la legislación sobre asilo y refugio.

En suma, convertir a la violencia de género contra la mujer en una verdadera política de Estado, identificando los problemas que impiden hoy por hoy avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género y que obligará a buscar el acuerdo con los representantes de las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de Justicia y asociaciones sindicales,empresariales y asociaciones civil. Porque es evidente que sólo una sociedad que camina junta, avanza en la misma dirección y es capaz de derribar los muros invisibles que aún esconden la realidad de esta vergüenza.

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