Despreciar, desacreditar o ningunear una movilización es un error de cálculo y de apreciación, además de una arrogancia incompatible con las formas democráticas exigidas en un Estado de Derecho como el nuestro y, si consigue algo, es irritar a los participantes, alimentar la radicalización, que es lo que ha pasado con la huelga de empresas transportistas, más cuando los problemas que la justifican son reales y demandan soluciones inmediatas. Ese error solo lo ha cometido el Gobierno, aun cuando, es cierto, que los fascistas de Vox están capitalizando el descontento general del sector del transporte, que tiene que soportar un incremento de los combustibles que con abuso de derecho y avaricia manipulan las multinacionales de la energía, que se están forrando en detrimento de España, de esto nada hablan los franquitos.
La huelga de una parte de empresarios transportistas no es, por tanto, una huelga de trabajadores, los sindicatos no han convocado movilización alguna, tampoco de autónomos, que se sepa ninguna de sus asociaciones han mostrado apoyo, por tanto, se trata de una huelga de empresas en un sector donde, dicho sea de paso, proliferan falsos autónomos. Lo dicen los mismos portavoces de la plataforma convocante cuando con desprecio se refieren a las asociaciones de grandes empresas transportistas que están en el Comité Nacional del Transporte por Carretera a las que les espetan que “son nuestros jefes, y no va a solucionar el problema quien lo ha creado”, añadiendo que llevan años ocultando que pagan por debajo del coste, a los que acusan, directamente, de ser comisionistas, lo que asociaciones como Fenadismer y CETM rechazan de plano.
El asunto no se arregla solo con el parche recurrente de subvencionar el gasóleo, el problema es el mismo que atacaba despiadadamente al campo y que se solucionó con la ley de la cadena alimentaria, me refiero a la prohibición de contratar por debajo de los costes o lo que es lo mismo, trabajar a perdidas, lo que es del todo inadmisible y un salvajismo económico de las políticas neoliberales y mercantilistas que se aplican en la finalidad de la eliminación de la economía de proximidad, este es, quizás, el principal problema y lo que ha situado a más de la mitad de las empresas transportistas de base (pequeñas, medianas empresas y autónomos) en la antesala de la quiebra económica.
Por otra parte, está el cuestionamiento que la llamada plataforma en defensa del sector del transporte hace de las asociaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es un planteamiento algo similar a cuando por la ultraderecha española cuestiona la legitimidad democrática del Gobierno, lo que es del todo inasumible desde el punto de vista democrático y es algo de lo que deben tomar nota las asociaciones representativas del sector, además de centrarse en el objetivo de llegar a un acuerdo sustentado en bases reales que permitan ir superando la situación de quiebra técnica que, como digo, alcanza a miles de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, más cuando el interés de estos no se centra en desgastar al Gobierno y sí en que se den soluciones definitivas a problemas reales, concretando, por tanto, las medidas de apoyo al sector, que tampoco está interesado en que se bajen los impuestos como el IVA, el especial de hidrocarburos o el relativo al impuesto especial Bruselas, lo que crearía otro problema, no deseable, con la Unión Europea, por eso una medida concreta y viable, como defiende Fenadismer, sería determinar, también, un precio máximo al gasóleo en el objetivo de que la subvención no acabe en las arcas de las multinacionales petroleras, esto, unido a la cláusula de variación del precio del gasóleo pactada en el acuerdo de diciembre del año pasado, que tiene carácter obligatorio, con actualización semanal, permitirá repercutir el precio del combustible, aunque es cierto, que esta medida está acomodada a una situación de normalidad del mercado y habrá que esperar a que surta pleno efecto a que se equilibren los precios de los carburantes.
Estamos pues ante un problema que afecta a la economía nacional en su conjunto y se requiere visión de estado, debiéndose rechazar consignas y/o intromisiones políticas como las que estamos viendo por parte de la extrema derecha que, conviene recordar se posicionó en contra de eliminar el trabajo a pérdidas, votando en contra de la Ley de la cadena alimentaria. Siendo, así mismo, una falacia eso de que se bajen los impuestos al tiempo que se exige que se den subvenciones millonarias en la forma tradicionalmente conocida y que, como dicen, los representantes del sector, en los cajones de las petroleras, todo esto, sin perjuicio, de que el Gobierno está obligado a acordar y concretar las medidas de apoyo al sector del transporte, lo mismo que ha hecho con el sector pesquero.
Comentarios