Frente al Ayuntamiento de Cádiz, un grupo de mujeres sostiene pancartas, peticiones y cansancio. Son las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, ahora en manos de la empresa Óbolo Servicios Integrales S.L., que en apenas unas semanas de gestión ya acumula denuncias por impagos, recortes y sobrecarga laboral.
La escena podría parecer puntual, pero no lo es. Es el síntoma de una estructura enferma: la que convierte los cuidados —el trabajo que sostiene la vida— en un negocio que se lucra a costa de las mujeres más empobrecidas.
No hablamos solo de una empresa deficiente, sino de un modelo político y económico que considera los cuidados un gasto y no un derecho.
Cuando el Ayuntamiento privatiza este servicio, lo que hace no es “gestionar mejor”, sino transferir responsabilidad pública a manos privadas sin garantizar condiciones dignas.
Y cuando el contrato falla, el daño lo pagan las de siempre: las mujeres que cuidan, las familias que dependen de ellas, las mayores y dependientes que quedan sin atención.
El alcalde podrá decir que “la empresa debe cumplir el contrato”, pero quien debe responder ante la ciudadanía es el propio Ayuntamiento.
Un servicio público no puede quedar en manos de cualquier empresa sin solvencia, sin ética y sin estructura. El poder político tiene la obligación de garantizar que quienes cuidan puedan vivir con dignidad.
De lo contrario, la violencia institucional cambia de forma, pero no de esencia: el Estado patriarcal delega su deber en empresas que reproducen la misma lógica de explotación. Y esto no ocurre solo en el ámbito de la dependencia.
Ocurre también en la universidad con las limpiadoras, en los hospitales con las auxiliares, en las escuelas con las monitoras. Trabajos feminizados, invisibles, mal pagados, donde se exige entrega pero no se garantiza salario digno.
Son los oficios que sostienen el funcionamiento de las instituciones, pero que se precariza precisamente porque los realizan mujeres. El patriarcado económico sigue operando: a mayor feminización del trabajo, menor valor social y menor salario.
Las empresas que asumen estos servicios lo saben. Construyen sus beneficios sobre la docilidad aprendida del cuidado: sobre mujeres que no suelen hacer huelga porque su trabajo no puede detenerse, porque detrás de cada jornada hay ancianos, niños o enfermos que las necesitan.
Ese chantaje moral es la base de un sistema de explotación que el capitalismo maquilla como “gestión eficiente”. El feminismo radical lleva décadas advirtiéndolo: no habrá igualdad y emancipación mientras los cuidados siguen en la periferia económica y simbólica.
Mientras sean externalizados, subcontratados y despreciados. Mientras los gobiernos —de cualquier color— sigan pensando que cuidar no produce valor, sino gasto.
Andalucía, que lidera las cifras de feminicidios y pobreza femenina, no puede permitirse seguir entregando los cuidados a empresas que tratan a las trabajadoras como piezas reemplazables.
Las mujeres que hoy se manifiestan frente al Ayuntamiento no están solo reclamando un sueldo.
Están señalando el corazón del problema: un sistema que las necesita, pero no las reconoce. Un Estado que habla de igualdad en los discursos, mientras externaliza la precariedad con su firma.
Un patriarcado que sobrevive gracias a que siempre haya mujeres sosteniendo lo insostenible. Cuidar no es un negocio. Es un acto político.
Y hasta que los cuidados no se sitúen en el centro de la justicia social, seguiremos viviendo en una sociedad que mide su progreso por la comodidad de los poderosos, no por la dignidad de quienes sostienen la vida.