El Tribunal Supremo es responsable de grandes errores, siempre en beneficio de determinadas cuentas de resultados o mirando y oyendo solo lo que les dicen las fuerzas reaccionarias españolas.
Dos de sus grandes errores se deben a ignorar un principio elemental del derecho: no se pueden hacer leyes retroactivas. Por no cumplir ese principio, los tribunales europeos anularon la sentencia contra el etarra Henry Parot, a quien el PP amplió la condena primitiva.
Y por eso mismo, asistimos ahora al escándalo de que una sentencia del Supremo discrimine a los españoles que hemos invertido en España mientras los extranjeros que hicieron lo mismo ven como los tribunales internacionales les dan la razón. Entre los 62.000 españoles que invertimos en fotovoltaica, unos 15.000 andaluces.
Hoy España goza de unos precios de electricidad mucho más baratos que los del resto de la UE, lo que está promoviendo que se instalen empresas extranjeras y las españolas ganen más dinero que antes.
La electricidad es más barata porque algunos nos lanzamos a poner placas solares, lo que ahorra el uso de carbón o petróleo. Esos españoles pusimos las placas a sabiendas de que hasta pasados diez años no empezaríamos a obtener rentabilidad. Pero por el bien del planeta, y nuestro como sus habitantes, lo hicimos.
Lo que no podíamos prever es que en lugar de empezar a obtener una pequeña renta tras amortizar la inversión, el Supremo iba a avalar una reforma del PP que, de forma retroactiva, dejaba en pañales su renta, de forma que créditos que teníamos que haber terminado de pagar en 2015 aun los tenemos pendientes.
Y lo que faltaba por ver es a los tribunales internacionales reconociendo los derechos de los inversores extranjeros que pusieron placas en España, a quien ahora se condena a indemnizarles.
El resultado es que los inversores extranjeros cobrarán (por ahora 2.000 millones de euros) mientras los españoles seguimos condenados por el Supremo.
Muy atareado con el fiscal general
En estos días el Supremo está muy atareado con el fiscal general del Estado. Cinco de sus siete magistrados deberían abstenerse de votar por haber sido ya parte en el proceso. Veremos si se abstienen o deciden ser Juez y parte... de los peones que se movieron a instancias del llamamiento de Aznar a que "quien pueda hacer que haga".
Un lema también usado contra la ley de Amnistía que también los tribunales europeos están a punto de validar, dejando de nuevo en evidencia al Supremo, que se resiste a cumplir esa ley.
Los errores del Supremo con los españoles, por suerte, en algunos casos pueden ser corregidos por los tribunales europeos.
Pero en el caso de los laudos sobre los recortes a los fotovoltaicos del Banco Mundial no nos son aplicables, pues no podemos acudir a esa instancia.
Los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están separados, afortunadamente, lo que puede permitir que el error de uno de ellos, el Judicial en este caso, pueda ser corregido por los otros poderes. Lo que no puede ser es que la igualdad ante la Ley sea vulnerada, en perjuicio además de los ciudadanos del país en el que se han hecho las inversiones.
Españoles perjudicados
En el momento en que España vea sus bienes no ya embargados, que ya lo están en Reino Unido y Australia y pronto lo estarán en EEUU, sino efectivamente subastados a beneficio de los inversores extranjeros en fotovoltaica en España, llegará una gran pregunta: ¿cómo compensarán este error del Supremo? ¿Serán capaces el Ejecutivo o el Judicial de garantizar la igualdad de derechos en España de naturales y extranjeros?
Si así no fuera, la Constitución otorga al rey un papel entre otros: el de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones en su artículo 56.
Si una estructura del Estado, la más alta de una de ellas, el Tribunal Supremo, no tiene un funcionamiento regular y no cabe ni recurso en España o en el extranjero, puede ser que, por primera vez en los años que lleva vigente la Constitución, el rey tenga que hacer uso de esa obligación constitucional.
¿O vamos a ser los españoles que invertimos en España los únicos perjudicados por otra decisión irregular del Tribunal Supremo?