Sigue creciendo el interés, sin duda alentado por la mayor preocupación social en Andalucía, hacia el medio ambiente, la agricultura, la ganadería y el medio rural en su conjunto. Puede apreciarse el mayor espacio que estos temas ocupan en la agenda política, en los medios de comunicación, en las conversaciones.
El año 2023 se ha convertido en el protagonista de un triste récord en materia climática. Uno de los más secos, y el más caluroso del que hay registros. Los informes del IPCC, los del Observatorio de Cambio Climático, las estadísticas publicadas por la AEMET son contundentes: El año 2023 es el año más caluroso en milenios. Apenas un reducido puñado de insensatos se atreve a cuestionar los efectos negativos que el cambio climático está causando en Andalucía. Estamos sufriendo una de las sequías más intensas que han existido, lo que está provocando que comarcas y ecosistemas estén sufriendo una tensión que es climática, económica y social.
La gestión hídrica se ha puesto en el centro del debate. Abordar una transición hídrica justa, ecológica y social se ha convertido en una prioridad inexcusable para Andalucía. Una realidad que hace que se hayan tenido que restringir las dotaciones de agua para riego lo que supone cuantiosas pérdidas económicas, impidiendo la siembra de ciertos cultivos, y otros, como el olivar ha visto mermadas sus cosechas, tensionando con ello el mercado de un producto estrella para Andalucía. Peor aún, estamos en una situación en la que muchos miles de andaluces no tienen acceso al agua potable, el derecho humano al agua no está garantizado en Andalucía. Este gran reto colectivo, quizás el más importante al que nos enfrentamos en Andalucía no se está abordando con la diligencia y prioridad necesaria. El Parlamento de Andalucía ni siquiera ha declarado la Emergencia Climática. Ha sido ésta, una intensa área de trabajo en 2023 para la Fundación Savia. Sin duda lo seguirá siendo en los próximos meses. Tenemos en la gestión territorial una de nuestras mayores cruzadas porque, no nos engañemos, sin un medio rural y natural sano, vivo, dinámico, son inviables los espacios urbanos y costeros.
Una tensión ambiental que se convierte en conflicto social en tanto que son muchas las personas del medio rural que necesitan del agua como medio básico de vida para su actividad. En la comarca de Doñana todos hemos podido ver materializado este caso, aunque no es más que la punta del iceberg, está sucediendo en otros muchos lugares, lejos de los focos, pero pegado a la preocupación de mucha gente de nuestros pueblos. Lograr los objetivos ambientales de conservación de nuestra valiosa biodiversidad sin que ello suponga acrecentar el problema social es el reto. Encontrar el equilibrio entre producción y conservación, entre la preservación de los valores naturales y la vida de las personas del medio rural.
El modelo alimentario, por múltiples motivos se ha evidenciado como una clave de bóveda crucial en la gestión del medio ambiente, el agua y la viabilidad del mundo rural. La cadena de valor alimentaria, comenzando por el sector productivo es responsable del manejo de la inmensa mayoría del territorio, ocupado por actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Es el sustento del medio rural, donde existe la mayor biodiversidad. Es la agricultura el mayor demandante de agua en Andalucía donde algunos estudios estiman que a ella se destina el 85% de los recursos disponibles. El debate sobre cuál debe ser el mejor destino del agua disponible está ya abierto. El medio urbano, a pesar de las mejoras tecnológicas y eficiencias es cada día un demandante mayor. El discurso de algunos que pretenden hacer creer que la agricultura de regadío es la única viable puede llevar a los gestión hídricos andaluces al shock.
La tecnificación, la industrialización de la agricultura en una alocada carrera tras la productividad y la eficiencia, hace que la mecanización siga ganando espacio, así como el uso de insecticidas, fitosanitarios y fertilizantes químicos, que son uno de los principales causantes de la pérdida de biodiversidad. La llegada de fondos de inversión que acaparan tierras, ejercen un abusivo poder en la cadena de valor, y desplazan a la agricultura de origen familiar. Estamos asistiendo a lo que, en la práctica es una descomunal presión hacia el modelo de agricultura familiar, que es la que necesitamos, porque es la que más productos genera para el consumo humano, la que cuida la tierra, la que fija población al territorio, la que permite que la riqueza generada se quede en el lugar de origen. La que protege las variedades locales, los manejos adecuados a cada espacio. Un sector primario intensivo, industrializado, es una alienación que genera enormes perjuicios que todos acabaremos pagando.
El declive de la ganadería extensiva, actividad esencial para el manejo del territorio, para la prevención de incendios, para la propagación de semillas, para la fijación de población en el medio rural, en favor de la ganadería industrial para la que no está resuelto el abastecimiento de agua y suministros básicos y cuyos residuos contaminan los acuíferos es un motivo de seria preocupación y las llamadas de atención en defensa de la ganadería extensiva y la trashumancia siguen creciendo. La declaración de la trashumancia como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO debe ser una llamada de atención.
A ello es necesario añadir un problema adicional emergente en la gestión agraria. El impulso de las energías renovables desde grandes compañías internacionales hace que mucha tierra muy fértil esté siendo ocupada por macroplantas fotovoltaicas cuyo único interés es la ubicación cerca de los nudos de evacuación eléctrica. Perdemos con ello capacidad productiva, pero a la vez se hipoteca el uso de un suelo absolutamente necesario para el sector primario. Las demandas de una adecuada planificación y ordenamiento son insistentes. La transición hacia fuentes de energía renovables tiene que ser una oportunidad para el medio rural, para mejorar su competitividad y las condiciones de vida del medio rural mediante la creación de comunidades energéticas, buscando como objetivo la democratización de la energía. Eso requiere evitar que las grandes compañías copen el mercado, haciendo de este un nuevo sector extractivo, es decir, que aprovecha los recursos del medio rural para llevarse los beneficios a los centros financieros.
No podemos perder de vista que, con independencia del lugar donde vivamos, de nuestra profesión y actividad, tenemos todos una dependencia total y absoluta de nuestro entorno, de nuestra tierra. Es la que nos da la vida y ella es la que cada día produce los alimentos, la energía, el agua, el aire indispensable para subsistir. Cada día expertos y científicos nos lo reiteran, no estamos prestándole la suficiente atención, estamos en un momento crucial de la historia de nuestra civilización que es la primera de ámbito planetario.
Porque todas las civilizaciones, en todas las épocas, en todas sus ubicaciones, han tenido y tienen un rasgo común: El progreso, es decir, su objetivo es conseguir que cada generación viva un poco mejor a como lo hizo la anterior. Pues bien, podemos estar en un punto de inflexión histórico, pues no estamos en condiciones de garantizar que la vida de nuestros hijos y nietos, las generaciones futuras, pueda ser tan buena como la que hoy nosotros disfrutamos. Tenemos una responsabilidad intergeneracional que es obligatorio que asumamos de forma clara cuanto antes. El año 2023 tiene que servirnos de acelerado aprendizaje, llega el 2024 en el que tenemos que ir corrigiendo los errores, aplicando lo aprendido, y en eso tiene que estar necesariamente darle al medio rural y su gente el valor, la importancia, que tienen para la salud global. Porque son indispensables.
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